(Foto: Archivo El Comercio)
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Jorge Del Castillo

Muchas veces se critica con razón que se presentan proyectos de ley en reacción a sucesos que llaman la atención de la opinión pública. Sin que eso descalifique una iniciativa, deseo subrayar que en el caso del proyecto de ley de regulación de fusiones y adquisiciones empresariales, hemos seguido una metodología adecuada. 

En primer lugar, expuse en el pleno del Congreso la necesidad de constituir un grupo de estudio para esta propuesta a fines del 2016. Luego se confió esta responsabilidad al Grupo de Trabajo Pro Inversión y Generación de Empleo que coordino, adscrito a la Comisión de Economía que presidía entonces la congresista Mercedes Aráoz. Ahora, bajo la presidencia del parlamentario Guido Lombardi, se nos renovó la confianza. 

Empezamos convocando a expertos de diversos sectores en sendas audiencias públicas que fueron transmitidas por el canal del Congreso. El sector público se hizo presente a través de los ministros Alfredo Thorne y Claudia Cooper (MEF), Bruno Giuffra (Produce) y Eduardo Ferreyros (Mincetur). El Indecopi con Ivo Gagliuffi, así como los representantes de las reguladoras Osiptel, Ositrán, Sunass y Osinergmin. La SBS con la adjunta Mila Guillén. También la Defensoría del Pueblo, representada por su adjunta, la doctora Eugenia Fernán Zegarra, habiendo opinado favorablemente el titular de esa institución, el doctor Walter Gutiérrez. 

Diversos especialistas como Hernán Garrido Lecca, Tania Zúñiga, Luis Diez Canseco, José Távara, José Tavera. También académicos como Raúl Pérez Reyes, Víctor Marroquín, Santiago Roca, entre otros. Invitamos a las consultoras Apoyo con Vincent Poirier-Garneau y Geoffrey Cannock, Macroconsult con Elmer Cuba y Maximixe con Jorge Chávez Álvarez. 

El sector privado estuvo representado por la Confiep con Roque Benavides, la Sociedad Nacional de Industrias con Andreas von Wedemeyer, la Cámara de Comercio con Mario Mongilardi y la Asociación de Radio y TV con Jorge Baca Álvarez. 

Inclusive invitamos a conocidos profesionales de posición adversa al concepto, como los doctores Alfredo Bullard y Enzo Defilippi, quienes no asistieron posiblemente por sus recargadas labores profesionales, pero que veo han opinado pretendiendo desacreditar con mucha ligereza la política regulatoria.  

Otros expertos han opinado en medios, como Alejandro Indacochea, Carlos Paredes, Carlos Calderón y Renzo Bambarén. 

Hemos contado con el valioso aporte del experto Juan Luis Crucelegui, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y recientemente hasta el Fondo Monetario Internacional ha prevenido contra la concentración. 

En este conjunto de personalidades, obviamente hay opiniones diversas, tanto a favor como en contra de la iniciativa, pero progresivamente ha ido ganando espacio la generación de una legislación equilibrada y expeditiva, no solo por el hecho de que otros la tienen o que la OCDE la pide, sino porque vemos en la realidad lo que sucede, donde la concentración puede resultar perjudicial para el funcionamiento del mercado que lo que requiere es competencia y no monopolios ni posiciones de abuso de dominio. 

Lo concreto es que hasta el 14 de este mes recibiremos opiniones de la ciudadanía respecto al anteproyecto publicado en la web del Congreso (congreso.gob.pe/comisiones2017) y el día 28 la Comisión de Economía evaluará el texto final y, por el bien del país y el debido funcionamiento de su mercado, estaremos aprobando una ley que cubrirá un gran vacío en nuestro ordenamiento legal. 

Como vemos, se ha tratado de un trabajo muy responsable que ha tomado más de un año, consultando a especialistas, ajenos a hechos coyunturales y no con el objeto de trabar las fusiones que pueden ser beneficiosas, sino con el propósito de que funcione el mercado sin abusos y defendiendo la economía de los consumidores.