El salario mínimo, por Miguel Jaramillo Baanante

La fijación de un salario mínimo es una política del mercado laboral que tiene objetivos redistributivos. La lógica de esta política es mejorar los ingresos de los estratos salariales más pobres, en parte para corregir potenciales diferencias en el poder de negociación entre empleadores y trabajadores. Pese a que los objetivos teóricos del salario mínimo son de interés social, debe tenerse en cuenta que la literatura internacional encuentra que los efectos de dicha política varían de forma importante según el contexto. Con esto en mente, resulta esencial entender qué dice la investigación empírica sobre los posibles efectos de aumentar el salario mínimo en un país como el Perú.

Las investigaciones centradas en los efectos de un aumento en la remuneración mínima (RM) sobre los niveles salariales en el Perú encuentran que dichos efectos tienden a ser acotados a un grupo específico de la población, por ejemplo, asalariados formales que ganan alrededor del nivel del salario mínimo. Dada esta característica, se encuentra que el salario mínimo no se traduce en cambios de la distribución salarial más allá de los trabajadores formales de ingresos bajos. Tampoco se encuentran efectos sobre el empleo en el sector formal, aunque sí hay efectos positivos (pequeños) en el empleo informal.

Dado que el salario mínimo es una política con efectos directos que se limitan exclusivamente a los trabajadores dependientes formales del sector privado con un salario muy cercano a la RM, el número de beneficiarios será bastante reducido. Así, un aumento de la RM actual de 750 a 800 soles beneficiará potencialmente a menos de 1% de la PEA ocupada (132 mil trabajadores asalariados formales). Si adicionalmente se toma en cuenta que los trabajadores del sector formal no están entre aquellos con menores ingresos en el país –típicamente se encuentran en la mitad superior de la distribución de ingresos–, se tiene que un aumento del salario mínimo tiene efectos potenciales bastante limitados si lo que se busca es alcanzar objetivos redistributivos. El salario mínimo es, pues, una pobre herramienta para mejorar el bienestar de los trabajadores peruanos.

Si se considera que una política como el salario mínimo tiene efectos limitados en un contexto de alta informalidad y con un amplio sector de baja productividad, las preguntas que surgen son: ¿por qué discutimos constantemente la necesidad de subir el salario mínimo? ¿Por qué la discusión no se centra en políticas de mayor alcance, tanto a nivel de población como de efectividad? Hace pocos meses, el debate de política laboral se centraba en la aprobación de una ley que buscaba promover la formalidad entre los jóvenes –grupo vulnerable y con menor participación en mercados laborales formales–. Más allá de los méritos o deméritos de dicha norma, el debate era pertinente, pues una política centrada en dicho grupo tenía consecuencias potenciales más importantes: los jóvenes son casi la cuarta parte de la PEA y apenas 10% de ellos son asalariados formales. ¿Cuál es, entonces, la agenda laboral de este gobierno? ¿Se quiere enfocar en una política que pueda resultar en mejoras significativas en el mercado laboral? ¿O se está optando por impulsar una política que favorece a los grupos de interés con mayor poder de negociación en las discusiones laborales a nivel político?