Se busca una bancada responsable

Hace unos días, Martín Hidalgo, Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (“ECData”), publicó un hilo en Twitter para mostrar cómo está legislando nuestro Congreso. Para esto, usó como ejemplo el dictamen aprobado por la Comisión de Economía que permitiría un nuevo retiro de 4UIT (S/18.400) para todos los afiliados al sistema privado de pensiones. El dictamen acumuló siete iniciativas de ley; ninguna de ellas presentó un adecuado análisis costo-beneficio y tres de ellas fueron presentadas por congresistas de un mismo partido, que de por sí refleja un enorme desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema. La Comisión tampoco tomó en consideración ninguna de las opiniones de los entes técnicos a los que se las solicitó (MEF, SBS, BCR, AAFP, OECD, Apeseg). Todos, sin excepción, se mostraron en contra de los proyectos presentados y advirtieron no solo de la poca efectividad de retiros adicionales en solucionar la problemática planteada por los congresistas, sino de los riesgos y perjuicios que estos proyectos generarían en la economía peruana. Si lo que se quiere y necesita es ayudar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en definitiva, este camino no es el adecuado y, más bien, los pone en mayor riesgo. En paralelo, a través de medios de prensa, distintas clasificadoras de riesgo informaron de que los retiros realizados durante el 2020 y el 2021 influyeron en la reducción de la clasificación de riesgo del Perú.

A los días de aprobarse el dictamen, un grupo de más de 70 profesionales, que incluyó a expertos en pensiones, exministros de Economía, economistas, empresarios, académicos, entre otros, hicieron pública una carta manifestándose “en contra de esta irresponsable medida que, de aprobarse, reduciría sustancialmente las pensiones futuras y pondría en vilo la estabilidad macroeconómica del país”. Resaltan en la carta como gran pendiente para generar bienestar económico la necesidad de consolidar el sistema de pensiones con el objetivo de incluir a más peruanos y critican la permanente postergación de una reforma que es urgente. Pero lo que hace más potente esta carta es que ha sido firmada por personas que han discrepado abiertamente respecto al sistema ideal (si existe alguno) que el país necesita; personas que han defendido a las AFP, pero también quienes han criticado duramente el rol de estas; personas que no necesariamente coinciden sobre el rol del Estado y del sector privado en la seguridad social. Por ello, considero que este documento debe ser tomado muy en serio por el Congreso de la República para analizar el grave perjuicio al que podrían exponer a la ciudadanía si se vota a favor de un sexto retiro extraordinario.

Es probable que la próxima semana se discuta en el pleno del Congreso este dictamen. Y estoy seguro de que la mayoría de los peruanos saben de antemano que no se tendrá un debate técnico que profundice sobre lo que se pretende aprobar y menos aún que ponga sobre la mesa la verdadera problemática: ¿cómo se financiarán las futuras pensiones en el país? Quiero creer que hay algunas bancadas que están tratando de impulsar una mejor agenda legislativa, una que priorice el desarrollo del país y que pueda invitar a diferentes entes técnicos para empezar la conversación sobre la modernización del sistema, tal y como lo hemos solicitado desde hace bastante tiempo. Aspectos tan relevantes como la pensión mínima pueden aprobarse si existe voluntad y rigurosidad técnica. Además, retomar iniciativas como la creación de un esquema de comisión por desempeño, presentada por AFP Integra en el 2017 al regulador, alinearía de manera visible los intereses de las AFP y los afiliados y contribuiría a mitigar una de las grandes críticas al sistema.

No existe justificación alguna para aprobar una ley más de retiros. Esto no quiere decir que no haya ciudadanos que producto de la pandemia hayan quedado en una situación vulnerable y que necesiten apoyo del estado. Sin embargo, la solución propuesta no los beneficiará y, al contrario, terminará afectando en una mayor medida a aquellos que se pretende ayudar. El sistema de pensiones que tenemos necesita reformarse, pero falta voluntad política para llevarse a cabo un debate a gran escala. El Congreso tiene una gran responsabilidad y ojalá exista por lo menos una bancada que actúe en consecuencia y contagie a las demás. No solo es necesaria esa bancada para procurar un país con pensiones, sino para poner en agenda todos aquellos temas que urgen para aumentar el bienestar de la ciudadanía y fomentar el desarrollo del país.