Shock de integridad y de inversión, por Alfredo Thorne

El Perú enfrenta un gran desafío por la corrupción internacional descubierta en empresas brasileñas que participaron en proyectos en nuestro país. Es prioritario tomar acciones para proteger los intereses del Estado y recuperar la confianza ciudadana en la integridad de la inversión pública y las concesiones.

La economía y la integridad no están divorciadas, sino todo lo contrario. Cuando las decisiones de los funcionarios y el uso de los recursos públicos tienen como único fin generar bienestar social y no son influenciados por intereses particulares, la acción gubernamental tiene más impacto en el desarrollo económico. De la misma manera, cuando los ciudadanos confían en su Estado, la acción colectiva necesaria para intervenciones públicas complejas como los proyectos de infraestructura (que involucran a varios niveles de gobierno, al sector privado y a los ciudadanos en las localidades relevantes) se facilita. 

Sanear los proyectos en los que haya habido algún acto de corrupción requiere avanzar más lento en la inversión en infraestructura por lo que estimamos, con la información disponible hoy, que el crecimiento económico en el 2017 será 3,8%, un punto porcentual menor a nuestra anterior proyección. 

Esto nos plantea el doble reto de fortalecer la transparencia y la ética en la gestión de proyectos de infraestructura pública, mientras aceleramos el crecimiento económico para generar más empleo formal y con beneficios. 

Con ese fin estamos desplegando una estrategia potente que consiste en un doble shock: de integridad y de inversión. 

Por eso hemos modificado la ley de contrataciones del Estado para impedir que se contrate con empresas que hayan sido sentenciadas por corrupción en el Perú o en el extranjero o que hayan admitido culpabilidad y para generar más competencia entre proveedores. 

En el nuevo reglamento del decreto legislativo de fortalecimiento de Pro Inversión, estamos incluyendo medidas para mejorar la calidad de los postores y la transparencia de los procesos. Como parte de su reorganización, Pro Inversión está creando una oficina de integridad, transparencia y prevención de la corrupción que se encargará de velar por la transparencia y la calidad ética de las decisiones en los procesos de asociación público-privada usando mejores prácticas internacionales. Del mismo modo su nueva organización y procesos incluirán controles de calidad más rigurosos para proteger los intereses del Estado en los contratos. 

También hemos otorgado créditos suplementarios al Poder Judicial y la fiscalía para fortalecer sus investigaciones y la lucha contra la corrupción. 

Nuestro shock de inversiones aprovecha la holgura que nos dan los sólidos fundamentos de nuestra economía para ser audaces en expandir la inversión pública. Sin embargo eso no basta, es imprescindible enfocarnos en la inversión privada, que es el motor de crecimiento sostenible que hace falta encender.  

Hemos comenzado transfiriendo a gobiernos regionales y locales 3.900 millones de soles para el avance de proyectos de inversión que continúan del año pasado. Esta es la transferencia de este tipo más alta en 10 años. Esto se suma a la anticipación de las transferencias de recursos para inversión del gobierno nacional a los subnacionales, que serán antes del 31 de marzo. Ambas cosas suman cerca de 1,4% del PBI. Para asegurar una ejecución alta estamos monitoreando semanalmente los avances de las unidades ejecutoras más importantes. Tenemos como meta aumentar la ejecución de inversión pública este año en más de 5.000 millones de soles. 

La inversión privada recibirá un impulso importante gracias a los avances en Pro Inversión. Estamos trabajando para adjudicar proyectos por un monto total de cerca de 14.000 millones de dólares en el 2017 y 2018. Será la segunda vez en los últimos 15 años que alcanzamos una cifra de esa magnitud (o la primera si excluimos el gasoducto del sur en el 2014). También estamos actuando en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas para darle celeridad al proceso de subasta del gasoducto del sur. El presidente nos ha pedido que subastemos la concesión en nueve meses y estamos trabajando intensamente para lograrlo.

Estas medidas junto con lo que estamos logrando en el destrabe de proyectos llevarán a que la inversión privada en infraestructura se recupere luego del golpe recibido. 

Por otro lado, para estimular la inversión en otros sectores y de pequeñas y medianas empresas hemos llevado a cabo como gobierno más de 30 medidas de simplificación que reducen el costo de hacer negocios, mientras que los cambios que hemos hecho al régimen tributario incentivan la inversión de las pymes y facilitan su crecimiento. En los siguientes meses seguiremos implementando medidas para reducir barreras a la inversión, bajar el costo de cumplimiento tributario y facilitar el comercio internacional. 

A través de este doble shock esperamos salir fortalecidos como Estado, con instituciones y procesos más robustos para garantizar la integridad y prevenir la corrupción en los proyectos de infraestructura, y con un crecimiento sólido de 4,8% en el 2018 que marque el inicio de un nuevo período de expansión sostenida, creación de empleo y mejora en el bienestar de los peruanos.