No es la solución, por Véronique Henry

Frente a la propuesta legislativa que propone aumentar las medidas de internamiento para los adolescentes en conflicto con la ley penal de 6 a 10 años, nos parece importante opinar. Las propuestas de mano dura no han dado resultados en ningún país, tampoco en el Perú. Nuestro país ha endurecido su legislación en los últimos años sin haber controlado o reducido la delincuencia. Endurecer las penas no reduce la violencia. Por el contrario, la agrava. Clara muestra de ello lo tenemos en El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Brasil. 

En lugar de endurecer la respuesta penal, el Poder Ejecutivo debería apoyar más el Plan Nacional de Tratamiento y Prevención de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Plan Puedo), facilitando los recursos económicos y técnicos necesarios para desarrollar programas y servicios para la prevención, la adecuada administración de justicia y la efectiva reinserción social. Es preciso recordar que este plan fue elaborado con la participación de instituciones públicas y privadas y a base de experiencias exitosas nacionales e internacionales.

En el problema de la violencia, los adolescentes no son los principales actores. Las denuncias por infracciones de la ley penal cometidas por adolescentes representan solo el 3,1% del total de denuncias por delitos cometidos por adultos y por infracciones cometidas por adolescentes. Solamente 3 de cada 100 personas investigadas tienen menos de 18 años. De igual modo, la mayoría de las infracciones cometidas por los adolescentes no reviste gravedad. Las infracciones a la ley penal más frecuentes en los adolescentes son las efectuadas contra el patrimonio, que representan el 64% del total (robos: 52% y hurtos: 12,1%), violencia sexual el 14,8% y tráfico ilícito de drogas el 6,1%.

Pocos son los adolescentes que desarrollan una conducta antisocial persistente que sí requiere una intervención intensiva y sumamente especializada. No se pueden hacer leyes en función de una minoría de adolescentes y bajo una presión mediática. Debe darse un tratamiento diferenciado  con los adolescentes que cometen infracciones graves, con programas altamente especializados para el tratamiento de los adolescentes privados de libertad.

Siendo la infracción que cometen los adolescentes un problema complejo y multicausal, necesita una respuesta integral y multisistémica, que articule políticas públicas vinculando la justicia juvenil con otras de carácter social, educativo y económico y cultural, tal como el Plan Puedo lo propone. 

Se deben priorizar la prevención, detección y tratamiento oportuno a niño/as y adolescentes que se encuentran en grave riesgo de desarrollar conductas antisociales. La prevención es más efectiva y menos costosa.

Sin embargo, se deben saludar varios avances en la propuesta legislativa, tal como la inclusión de la revisión judicial, que permite que una medida pueda ser modificada, sustituida o finalizada, cuando el adolescente cumple los objetivos del tratamiento, o también la medida de reparación del daño a la víctima. En la práctica, esta medida tiene buenos resultados y permitiría incorporar la mediación en nuestra legislación. La reparación del daño es una necesidad importante para la víctima y para la sociedad, y se puede hacer de múltiples maneras. Puede ser directa o indirecta, material e inmaterial. Existe una amplia experiencia internacional con muy buenos resultados, por lo cual recomendamos ampliar esta figura en la propuesta.