Subsidios que matan, por Carlos Ganoza Durant

Sí, Jonny Coico es un criminal por haber encerrado a trabajadores en condiciones inhumanas. Pero el Estado le dio la licencia para matar.

El Estado peruano subsidia la informalidad y, en casos como el de Coico, eso es como subsidiar la posesión de armas letales. Las reglas del mercado laboral peruano hacen que los trabajadores prefieran ser informales y que las empresas prefieran contratar informalmente.

Por el lado del trabajador la formalidad tiene pocos beneficios. A un joven que aspira a un puesto con sueldo mínimo le importa poco que un empleador formal le ofrezca un seguro de Essalud si ya tiene aseguramiento gratuito con el SIS. El seguro de Essalud cuesta 9% del salario. El SIS no le cuesta nada. Prefiere que el empleador le pague ese 9% de manera líquida. Un empleador informal lo puede hacer. Uno formal no.

Lo mismo ocurre con disposiciones como la CTS. La duración promedio del empleo en el Perú es poco mayor a un año, por eso para muchos trabajadores no tiene sentido que los obliguen a ahorrar un sueldo cuando podrían gastarlo en lo que ellos consideren más conveniente. Un empleador informal puede dar ese sueldo líquido, el formal no.

Por el lado de la empresa, el fallo del Tribunal Constitucional del 2002 que estableció la nulidad del despido arbitrario y la reposición del trabajador como consecuencia dificulta la contratación formal. Es simple: si una empresa no sabe si luego podrá despedir al trabajador, será mucho más cauta al contratar. Antes del 2002 la mayoría de contratos formales era a plazo indefinido, hoy la situación es la opuesta, la mayoría es temporal.

Esta institucionalidad perversa subsidia la informalidad porque las empresas informales están en mejores condiciones para competir por trabajadores que las formales.

Esto explica una anomalía que ocurre en el Perú: el 65% de los trabajadores están empleados en empresas de menos de cinco trabajadores. Estas son empresas que operan en el mundo subterráneo, muchas pueden tener RUC, pero por su tamaño y flexibilidad pueden evadir las regulaciones fácilmente. En Estados Unidos solo el 5% de los trabajadores está empleado en empresas de ese tamaño. En Chile es un porcentaje similar.

Se trata de casi 7 millones de “empresas” enanas, entre formales e informales. Muchas no tienen local y pueden aparecer y desaparecer en cualquier lugar. Es mayor al número de empresas que tiene que fiscalizar la autoridad tributaria de Estados Unidos en todo su territorio. Por eso es irreal que el Estado peruano pueda asegurar que cumplan con estándares laborales.

El subsidio a la informalidad crea este universo de empresas liliputienses que existen porque su tamaño les permite aprovechar las ventajas para contratar trabajadores sin cumplir con las reglas y operar a menor costo.

Esto da lugar a tragedias humanas como la de Las Malvinas, y a una tragedia económica. La pérdida de riqueza para los peruanos por causa de la informalidad es enorme: la producción de un trabajador en una empresa formal es casi cinco veces mayor a la de uno en una empresa informal.

Acabar con ese subsidio es imperativo.

Para eso requerimos un nuevo enfoque de protección social. El Estado debe proteger al trabajador, no al empleo. El foco en la protección del empleo formal no solo es contraproducente porque lo encarece en comparación con el informal, sino inmoral porque deja desamparados a los más de 11 millones de trabajadores informales.

La protección social con foco en el trabajador pasa por brindar servicios básicos independientemente del tipo de empleo: aseguramiento de salud, pensión mínima, seguro de desempleo y programas activos de entrenamiento y recolocación.

Al desvincular la protección social del empleo y hacerla universal para todos los trabajadores, los empleadores formales e informales compiten en condiciones más parejas, por lo que los primeros predominarían por su mayor productividad.

Es poco común encontrar políticas públicas que permitan lograr mejoras significativas en equidad y eficiencia. Acabar con el subsidio a la informalidad a través de una protección social con foco en el trabajador es una de ellas.
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*El autor es ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.