Temas urgentes, por Francisco Távara Córdova

El Congreso de la República ha demostrado la voluntad de poner en su agenda el debate de la reforma electoral pendiente y con ello fortalecer a las organizaciones políticas y al sistema electoral. 

Sin embargo, cada vez falta menos tiempo para las elecciones generales del 2016. De no aprobarse y promulgarse prontamente (como fecha máxima, antes de la convocatoria), estas leyes no podrían aplicarse en los comicios del próximo año.

En tal sentido, consideramos que el debate sobre la nueva Ley de Partidos Políticos debe priorizar dos temas de gran trascendencia: democracia interna y financiamiento de los partidos políticos. 

Respecto de la democracia interna, nuestra propuesta plantea la presencia de las instituciones del sistema electoral en las elecciones de candidatos en los partidos políticos: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) elabora el padrón de afiliados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza el proceso y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscaliza y  resuelve controversias. 

Asimismo, se considera necesario que se vote bajo el sistema “un militante, un voto”, es decir, que las elecciones –que se realizarían en una única fecha para todas las organizaciones políticas– sean con voto universal, libre, igual, directo y secreto de los afiliados. 

Con ello, se darían mejores condiciones para los ciudadanos que aspiran a postular como candidatos por sus organizaciones, con mayores garantías para competir en igualdad. Los afiliados también se verían favorecidos, porque los candidatos serían el resultado de la mayoría en la agrupación política, quienes ellos consideren los más idóneos.

El fortalecimiento de la democracia interna también permitiría que se ponga a debate la eliminación del voto preferencial, que, desde nuestro punto de vista, no ha facilitado la consolidación del sistema político, de la institucionalidad de las organizaciones políticas.

Por otro lado, la Ley de Partidos Políticos establece que solo los partidos que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento público directo. 

Sin embargo, la norma también ha permitido (por la tercera disposición transitoria) que su entrega no se haga efectiva porque se ha condicionado a las previsiones presupuestarias. 

El Estado debe entregar efectivamente el financiamiento público, porque se trata de dinero que servirá para utilizarse en actividades de formación, capacitación e investigación y en actividades de funcionamiento ordinario (como mantener en funcionamiento permanente sus comités). Esto les serviría para formar a sus futuros líderes y consolidar sus instituciones. 

En tanto, la regulación del financiamiento privado exige que los organismos electorales tengan más control de los aportes, que se harían a través del sistema financiero cuando sobrepasen una unidad impositiva tributaria (UIT). Lo que buscamos es generar condiciones de igualdad y evitar el ingreso del dinero ilícito a las campañas electorales. En el último proceso electoral, se ha puesto de manifiesto, más que en otros procesos anteriores, que algunos candidatos tendrían vínculos con delitos graves o que recursos provenientes del narcotráfico o de otras actividades ilícitas estarían ingresando a la política. Por ello, se requiere adoptar medidas legislativas para que los filtros que puedan efectuar, primero los partidos, y también los organismos electorales, permitan revertir esta  realidad en el futuro.

El último proyecto presentado al Congreso (ley que incorpora impedimentos y contenido obligatorio en la declaración jurada de vida de los candidatos a cargos de elección popular) también es prioritario que se someta a debate.

La aprobación de esta propuesta establece como impedimento para ser candidato a cargos de elección popular tener una condena impuesta en segunda instancia.

Además, se plantea que se incluya nuevo contenido en la declaración jurada de vida de los candidatos a cargos de elección popular, referido a toda sentencia condenatoria por delito doloso (incluso mientras no se encuentren firmes o cuando ya no estén vigentes), los procesos penales en trámite, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como información sobre las personas con quienes tengan vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (para efectos del nepotismo). 

Hoy, personas condenadas por delitos de gravedad, incluso en agravio del propio municipio o gobierno regional al cual postulan, no tienen ningún impedimento para ser candidatos. Creemos que quienes tienen una condena en segunda instancia por un delito doloso deberían ser impedidos de ser candidatos. Además, declarar los procesos penales en trámite también debería ser obligatorio, para que el elector conozca esta situación al momento de emitir su voto y pueda ser realmente un voto informado.