Tramitología contra indígenas, por Daniel Sánchez

La queja recurrente de los empresarios de nuestro país es que existen muchos trámites para concretar sus inversiones. “Tramitología” y “permisología” son palabras que se repiten a menudo cuando se discute sobre economía. El Gobierno, ante la presión de los sectores económicos, se ha trazado como objetivo su reducción. Sin embargo, esta misma diligencia no se observa en otros espacios frente a  trámites innecesarios que, a diferencia de los intereses económicos, buscan garantizar derechos.

Las comunidades campesinas y nativas vienen padeciendo la incertidumbre jurídica sobre sus tierras desde hace muchos años. La burocracia estatal para darles su título de propiedad comunal, las obliga a seguir procedimientos complejos mediante los cuales se tiene que conseguir más de veinte autorizaciones. En la práctica, muchas de ellas tienen que transitar durante años por las ventanillas de municipalidades, gobiernos regionales, registros públicos e incluso, sin importar la lejanía y lo costoso de estos viajes, ante ministerios cuyos funcionarios únicamente los atienden en la capital. 

Esta enredada burocracia hizo que la comunidad asháninka de Alto Tamaya Saweto luchara, infructuosamente, durante 12 años para lograr la titulación de sus tierras. Aún hoy, nueve meses después de que cuatro de sus líderes, entre ellos Edwin Chota, fueran asesinados y las máximas autoridades de nuestro país les prometieran su inmediata titulación, aún se encuentra pendiente completar el trámite para la inscripción de su título de propiedad ante los Registros Públicos. 

Esta situación, sumada al hecho de que, para muchos funcionarios, nuestra Amazonía se encuentra despoblada, genera el otorgamiento de concesiones forestales u otras autorizaciones a terceros para actividades económicas sin tomar en cuenta que en dichos espacios territoriales han vivido durante siglos comunidades indígenas que, por desconocimiento del procedimiento o los elevados costos asociados a dichos trámites, no han formalizado la posesión y titulación de sus tierras.

La falta de ordenamiento territorial del Estado genera, en la práctica, serios conflictos donde, de un lado, las empresas reclaman contar con las autorizaciones legales para realizar sus actividades y, del otro, comunidades que se sienten desplazadas de espacios que poseen ancestralmente. Así, comunidades como Puerto Azul, del pueblo indígena Kakataibo, o Nuevo Amanecer Hawai, del pueblo Asháninka, 25 años después de haber iniciado sus trámites aún no logran la esperada seguridad sobre sus tierras que les sirva para planificar su desarrollo, pues encuentran la oposición de algunas empresas asentadas en dichas zonas.

Se necesita, en suma, una simplificación administrativa que establezca un procedimiento claro y sencillo para que las comunidades accedan a la propiedad de sus tierras. También se requieren directivas que orienten a los gobiernos regionales en la solución de estas controversias de derechos.  

Hace dos años se encargó al Ministerio de Agricultura esta tarea. Sin embargo, transcurrido este tiempo, no se aprecian avances que permitan desenredar esta telaraña de permisos y conflictos. Se requiere, entonces, un acuerdo político que permita priorizar esta tarea, pues en este cambalache jurídico los únicos que se benefician son los taladores y mineros ilegales que, ante la incertidumbre sobre la propiedad, ingresan a estas zonas y encuentran un terreno fértil para sus ilícitas actividades. Como país, no podemos seguir permitiéndolo.