Marilú Martens

El mundo atraviesa una como consecuencia de diversos factores, desde climáticos, como el calentamiento global, hasta políticos como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos dos países representan el 28% del trigo que se comercia en el mundo, así como el 15% del maíz y 75% del aceite de girasol. Además, concentran el 12% del total de calorías que se obtienen a través de alimentos que se comercian y que deben ser consumidas por persona diariamente.

En el Perú, las consecuencias de esta crisis alimentaria y agrícola se están sintiendo con dureza, afectando la economía, generando inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los más pobres, por ende, disminuyendo las raciones diarias que consumen y que, según la FAO, ponen en riesgo alimentario a cerca 15 millones de peruanos.

A este panorama sombrío se suma negativamente el problema del encarecimiento de . El Perú es un gran importador, donde el 68,5% de las importaciones proviene de Rusia y 26,7% de China, quien recientemente tomó la previsión de no exportar fertilizantes protegiendo su producción agrícola.

¿Qué está haciendo el Perú ante esta crisis? Sumarle un problema más, la falta de gestión y malas decisiones. Cinco ministros de Desarrollo Agrario en 10 meses, designación de personas sin preparación especializada o sin experiencia en temas agrarios. Esto ha traído fracasos en los procesos de gestión, por ejemplo, se destinó S/348 millones para compra de fertilizantes, pero el Midagri anunció que el proceso se tuvo que declarar desierto, lo que retrasaría cerca de dos meses la adquisición de este insumo.

Se creó una “Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar” con el objetivo de encontrar soluciones. Sin embargo, no incluye al MEF ni a la Cancillería, sectores con experiencia en compras de gobierno a gobierno.

Es necesario que el Gobierno convoque gestores con experiencia que lideren los procesos de adquisiciones, agilice la distribución de alimentos a través de los programas sociales existentes que tienen la logística descentralizada, asegurar que los bonos se asignen a quienes más los necesitan en base a experiencias previas. Pero, principalmente, un compromiso serio y firme de salvaguardar nuestra seguridad alimentaria pensando en las futuras generaciones, porque una generación mal alimentada en los primeros años de vida es irrecuperable y es un precio muy alto que no podemos pagar.

Marilú Martens Exministra de Educación