(Foto: Unicef)
(Foto: Unicef)
Olga Isaza

La Convención sobre los Derechos del Niño –CDN–, el tratado universal de derechos humanos más rápidamente ratificado por los países, cumple 29 años. Es imprescindible mirar el camino recorrido y preguntarnos si hacemos lo suficiente para que cada niña, niño y adolescente ejerza sus derechos.

El Perú fue uno de los primeros estados en ratificar la convención. A lo largo de estos años ha demostrado su interés por adaptar su legislación a la CDN y por implementar políticas públicas que contribuyan a que estos derechos cobren vida en la cotidianidad de la niñez y adolescencia.

La reducción de la desnutrición crónica infantil y de la mortalidad materna, el incremento de la escolaridad especialmente en el nivel inicial, la inversión estatal orientada a implementar y mejorar la educación intercultural bilingüe, y una legislación que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes son algunos de los avances por los que el país debe sentirse orgulloso.

Son logros especialmente importantes si tenemos en cuenta que cuando ratificó la CDN, el Perú vivía días de violencia interna y crisis económica. Hoy ha logrado un crecimiento económico que lo sitúa como un país de ingresos medios altos y como una de las economías más estables de América Latina. Sin embargo, en el campo de la infancia, enfrenta aún diversos desafíos que requieren atención inmediata para darle sostenibilidad a lo avanzado. Es el caso de la anemia, déficit nutricional que obstaculiza el pleno desarrollo cognitivo y físico de 46 de cada 100 niños menores de 36 meses, y que ha sido fijada como una prioridad del actual gobierno que, acertadamente, ha optado por una estrategia intersectorial para combatirla.

Demográficamente, el Perú también es muy distinto al de 1989. Es el momento de la historia demográfica en donde hay un mayor número de adolescentes y jóvenes, más de 3.5 millones en el Perú, 110 millones en América Latina y 1.300 millones en el mundo. Chicas y chicos que están en una etapa que dura poco en el curso de su vida, pero que es central para el desarrollo biológico, cognitivo, psicológico y social de las personas. Ellos requieren y merecen el mayor número de oportunidades posibles, oportunidades de ingresar y concluir a tiempo y exitosamente su ciclo educativo, oportunidades de acceder a servicios de salud amigables, que prevengan los riesgos a los que están expuestos y les ayuden a consolidar hábitos saludables para toda su vida, oportunidades de participar, de ser tenidos en cuenta genuinamente en las decisiones que les afectan, oportunidades de crecer libres de violencia y explotación.

Asegurar esas oportunidades a los más de tres millones de peruanos adolescentes es un deber ético y una decisión estratégica, las oportunidades deben ser muchas y son urgentes. Ellos son el presente del Perú. Lo que hagamos hoy se verá reflejado en pocos años, tendrán mejores condiciones de vida, aportarán al desarrollo del país, y contribuirán con mayor capacidad al sostén de la niñez y la tercera edad. Cumplir con esta agenda permitirá al Perú abordar el tren del desarrollo. No hacerlo es correr el riesgo de quedarse sentado en la estación.