“La mayoría de inmigrantes y refugiados venezolanos temía contactar con hospitales u otras autoridades nacionales en caso de necesitar atención médica”. (Foto referencial).
“La mayoría de inmigrantes y refugiados venezolanos temía contactar con hospitales u otras autoridades nacionales en caso de necesitar atención médica”. (Foto referencial).
Feline Freier

Politóloga, Universidad del Pacífico

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El no discrimina por estatus social, nacionalidad o situación migratoria; las políticas y la opinión pública, sí. Con la llegada de , y en el contexto , es importante recordar que no se trata de inmunizar solo a un grupo selecto de personas, sino que se requiere de una estrategia que proteja a la sociedad en general lo más rápido posible, comenzando por los más vulnerables. Entre estos últimos, se encuentran muchos inmigrantes y refugiados.

La pandemia pone de relieve –e intensifica– la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas en la región, como la venezolana o la haitiana, al igual que la situación de muchos migrantes extracontinentales. Además de enfrentar dificultades por el confinamiento, la pérdida del empleo o situaciones laborales precarias y desalojos, todo esto en un contexto limitado (o inexistente) de protección social, también experimentan discriminación y xenofobia, y temen ser detenidos y/o deportados. Según un estudio que realizamos en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, a mediados del 2020, la mayoría de inmigrantes y refugiados venezolanos temía contactar con hospitales u otras autoridades nacionales en caso de necesitar atención médica.

A su vez, los extranjeros en situación irregular son más propensos a contraer el virus, debido a sus condiciones de vida precarias. Dada la interdependencia entre los miembros de una comunidad, en términos de salud pública, las políticas que mantienen a los inmigrantes en situación irregular, o que no los incluyen en los programas de vacunación, representan un riesgo no solo para los propios inmigrantes, sino para el público en general. Por ende, es necesario un cambio de paradigma hacia una perspectiva de salud pública y seguridad humana en nuestra política de inmigración. Tales consideraciones urgen el desarrollo de políticas inmigratorias que promuevan vías legales para la movilidad y mecanismos de regularización como un instrumento clave para combatir y prevenir la precariedad socioeconómica de los extranjeros, y por ende, las pandemias.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, ha dicho que “dentro del proceso de vacunación que vivan en nuestro país, independientemente de que sean peruanos o extranjeros”. Precisando el caso venezolano, la ministra agregó que van a considerar a las y los venezolanos que aún no han regularizado su situación migratoria. A pesar del carácter prometedor de esta decisión, cabe ver cómo se ejecutará en la práctica, ya que, según Migraciones, solo se considerarán a los extranjeros en situación regular. Migraciones ha conseguido la pre-inscripción de 250.000 venezolanos para un loable programa de regularización migratoria. Sin embargo, el temor de esta población a acudir a instituciones podría llevarla a no registrarse y, más grave aun, a no vacunarse.

Las autoridades nacionales enfrentan el doble reto de aumentar la confianza no solo en la vacuna, sino también en las instituciones que la administran. Este reto es aun mayor en el caso de los extranjeros. Respecto a la gestión migratoria del país, urgen reformas que no se enfoquen en la seguridad nacional, sino de la seguridad humana, la protección y el bienestar de la sociedad en general. No podemos controlar 7.000 km de frontera terrestre. La inmigración irregular –sobre todo los flujos humanitarios– continuará. No vamos a vencer al COVID-19 con falsas promesas de fronteras “cerradas”. Esta retórica solo empodera a las redes de tráfico y trata de personas.

Para vencer al virus tenemos que vacunar y regularizar a todos los extranjeros, lo que, además, beneficiaría económicamente al país. , una vez regularizada e incorporada al mercado laboral formal, la población venezolana en el Perú podría producir anualmente US$3.200 millones adicionales, que equivale a más de 120 millones de dosis de Sinopharm. Con esas dosis, se podrían vacunar a 60 millones de personas.