El vaso medio lleno, por Eduardo Dargent y Stéphanie Rousseau*

A fines del 2015 el Estado Peruano adoptó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (30364). En julio del 2016 se aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, basado en dicha ley. En el pasado, otras normas para combatir este tipo de violencia no se implementaron de forma adecuada. Diversos estudios han resaltado la “ruta crítica” que siguen las denunciantes de este tipo de violencia en América Latina, un camino denigrante y oneroso que dista del que describen las leyes.

Gracias al apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), pudimos evaluar durante los últimos meses cuán real ha sido la mejora en la atención a las víctimas tras estos cambios normativos. Para realizar nuestro estudio documentamos el desarrollo de estas políticas, recogimos información en las instancias competentes e hicimos trabajo de campo en dos espacios locales (el distrito de Villa El Salvador y la ciudad de Huamanga). Complementamos el análisis con reportes sobre el tema, especialmente valiosos informes de la Defensoría del Pueblo.

Nuestra conclusión es que hay cambios positivos, pero todavía mucho por hacer. Como sostenemos a lo largo de nuestro reporte, estas nuevas normas han venido acompañadas de una mejor implementación, motivada en buena cuenta por la politización del tema desde el 2016, en respuesta a una serie de casos brutales de violencia contra la mujer reportados por los medios y denunciados por el movimiento Ni Una Menos.

Así, los presupuestos de los programas de los distintos ministerios se han incrementado en forma importante. Las estadísticas disponibles indican una mejora neta en la atención estatal a las víctimas. Hay más, y mejor equipados, centros emergencia mujer y comisarías de familia. Además, se han establecido mejores instancias de coordinación institucional.

Lo más gratificante, sin embargo, ha sido encontrar funcionarios comprometidos con la problemática. Muestran mayor capacitación que en el pasado, mejores protocolos de atención y una real preocupación por brindar respuestas efectivas. La información recogida apunta a un cambio positivo que debe ser resaltado.

Sin embargo, se mantienen fallas importantes en los mecanismos de atención y sanción en los casos de violencia de género reportados. Mientras más se politiza el tema, y crece la oferta estatal de servicios, aumenta la demanda ciudadana. Las mujeres acuden al Estado en búsqueda de protección y justicia, pero en muchos casos sus necesidades no son atendidas. La sobrecarga del sistema lleva a que nuevos mecanismos para ofrecer seguridad a las víctimas, como las medidas de protección, sean muchas veces ineficientes por los recursos limitados para garantizarlas. No existen suficientes casas-refugio, por ejemplo, para responder a la creciente demanda de quienes ante situaciones de alto riesgo deben dejar su hogar. Y los programas de apoyo laboral para que las mujeres consigan autonomía económica son muy limitados. La atención psicológica a las víctimas y a los agresores es precaria, dejando en muchos casos el círculo vicioso de la violencia intacto.

Asimismo, se mantienen problemas de coordinación entre las entidades a cargo de enfrentar la problemática. Y así como hay más funcionarios y funcionarias sensibles, todavía hay personal estatal que no actúa en forma empática y más bien revictimiza a las denunciantes. Estas fallas del sistema refuerzan la impresión entre la ciudadanía de la inefectividad estatal. Una percepción que no recoge las mejoras señaladas, más difíciles de conocer.

¿Qué hacer hacia adelante? En primer lugar, aunque resulte obvio decirlo, deben aumentarse los recursos dirigidos a la atención a las víctimas que permitan una acción estatal más acorde con el contenido de la ley. Reforzar la capacidad logística de las comisarías para ejecutar las medidas de protección es prioritario. Es urgente mejorar la coordinación, la capacitación de funcionarios y el alcance territorial. Los cambios normativos recientes representan una sobrecarga de trabajo que, de no enfrentarse, fortalecerá la imagen de poca efectividad. Uno de los problemas graves que encontramos es que los efectivos y profesionales del sistema de atención a las víctimas están bajo un estrés constante, que lleva frecuentemente al síndrome de agotamiento profesional. Están peleando una durísima batalla, pero no las y los protegemos como merecen.

Aunque con frecuencia no lo parezca, hay avances, y ello se debe, en parte, a una ciudadanía movilizada frente a la violencia de género. Más que celebrar, por supuesto, es un recuerdo de que el Estado debe seguir invirtiendo para ofrecer la seguridad que se merecen todas las ciudadanas y ciudadanos. Un deber hacia quienes siguen viviendo un infierno cotidiano.

*Politólogos PUCP