De la ruina a la esclavitud, por María Angélica Correa

Las medidas económicas que anunció el régimen de Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto son apenas la punta de la lanza en medio de la peor crisis humanitaria que ha tenido lugar en América Latina. Esta columna no está escrita por una economista, pero tampoco hay que serlo para entender que estas no persiguen parar la debacle económica. En realidad, son medidas de control, de sometimiento a la sociedad, que acorralarán aun más a la población empobrecida y minusválida. Para la región, las consecuencias no se harán esperar con un incremento de migración que –lógicamente– no es voluntaria, sino forzada, y que está afectando a los países hermanos.

Solo quiero llevar al lector a revisar unas pocas cifras. Cuando subió al poder, hace 20 años, este régimen recibió más de un billón de dólares en ingresos petroleros y alrededor de US$400 millones adicionales por la vía del endeudamiento externo. Desde entonces, sin embargo, el régimen se ocupó de regalarle 100 mil barriles diarios de petróleo a Cuba, de dejar al país en ruinas con la liquidación de todo el aparato productivo privado, de destruir el sector eléctrico, el sistema de salud, de generar el saldo de una población con hambre, que muere por falta de medicinas, y de motivar una migración de alrededor de tres millones de personas. Hoy, el Banco Central de Venezuela refiere que solo tiene US$8.500 millones en reservas, de los que 7 mil millones están en oro.

Ahora bien. En esta columna voy a mencionar una posible acción del régimen, entendiéndose que todas sus acciones han sido hilvanadas, y que forma parte de una receta de vieja data que ha sido adaptada al contexto venezolano. Hablemos sobre una de las “medidas”. El salario mínimo, que fue incrementado 60 veces, busca terminar de destruir a la empresa privada con incalculables secuelas de pérdida de empleos, pues esta difícilmente podrá compensar semejante aumento en sus costos subiendo el precio de sus bienes y servicios.

En febrero de 1989, durante el gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez, se ajustó la tasa de cambio. La tasa oficial en ese momento era de 14,50 y pasó a 34 en apenas un día. Ahora, este régimen ha pasado la tasa de cambio de 242 a 6 millones de bolívares. Es decir, una depreciación de la moneda de 1.300% de un día para el otro.

A esto se une el aumento de cuatro puntos porcentuales del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que ha pasado del 12% al 16%, lo que tendrá un primer impacto inflacionario, reflejado inmediatamente en el precio final de los bienes. ¿Qué clase de gobierno recurre a este tipo de impuesto en una economía totalmente deprimida? Además, el régimen propone financiar durante los próximos tres meses la nómina de trabajadores de la pequeña y mediana industria. ¿Y cuál será el panorama a partir del cuarto mes para los empresarios? No voy a responder a esta pregunta fundamentándome en principios económicos. Lo haré basándome en el proceder histórico que ha tenido este régimen. Cuando el empresario ya no pueda pagar los salarios, las autoridades emitirán dinero inorgánico, como lo han venido haciendo, y dirán a los empresarios: “Como yo te estoy pagando parte del salario durante estos tres meses, tú me vas a devolver ese dinero en productos terminados al precio que yo te diga, para ponerlos en las bolsas Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción)”. Esto, como es evidente, solo va a durar hasta que las empresas ya no puedan más. Luego, el régimen les dirá a los trabajadores que tomen las empresas.

Por otro lado, el gobierno ha establecido que un barril de petróleo valga US$60 y que un ‘petro’ –la criptomoneda– equivalga a 3.600 bolívares soberanos. No obstante, según explicaron en un reciente comunicado las Academias de las Ciencias de Venezuela, el “anclaje” del bolívar al ‘petro’, para evitar un deterioro aun mayor de su valor ahora que se introduce un nuevo cono monetario, se desvirtúa porque el ‘petro’ es un activo cuestionado y no aceptado en la zona del dólar. De lo anunciado también se infiere un precio implícito del dólar cercano a 6 millones de bolívares o a 60 bolívares soberanos. Ello convalida la dolarización de los precios internos de los bienes y servicios ejercida a través del mercado paralelo. Ante la escasez de divisas y las expectativas adversas provocadas por la inconsistencia de las medidas anunciadas, es previsible que se desate una desestabilización todavía mayor en el mercado cambiario, con una mayor depreciación de la nueva moneda local.

A todo esto se le une una figura de control ciudadano que se ha venido utilizando como herramienta para el hambre, el llamado ‘carnet de la patria’. Desde hace pocas semanas se viene implementando el control de la movilización de los ciudadanos, obligándolos a registrar sus vehículos para que, gracias a ese documento, puedan tener acceso a la gasolina subsidiada. De no tener el carnet, el valor que tendrán que pagar será, según ha dispuesto el régimen, el precio internacional.
Finalmente, es necesario decir que en Venezuela se ha trabajado durante 20 años en el saqueo y la ruina del país. Ahora, el objetivo es blindar la destrucción de las empresas y el control definitivo de la población con el ‘carnet de la esclavitud’.