Violencia
Violencia
Olga Isaza

Los casos de contra niños y adolescentes suelen capturar la atención de los y generar expresiones de indignación de parte de la ciudadanía. Por ello, no sorprenden ni la cobertura mediática ni el respaldo ciudadano otorgado a la entrada en vigencia de la ley que establece la cadena perpetua para los autores de violación sexual contra menores de 14 años y la no prescripción de este delito.

Lo que no deja de resultar paradójico es que la misma sociedad que condena la violencia sexual contra la niñez le conceda licencia social a la violencia física y a la psicológica que, al igual que la sexual, tiene como escenarios más frecuentes esos espacios en los que niños, niñas y adolescentes deberían estar y sentirse más protegidos: sus casas y sus escuelas.

Las estadísticas, que en casos de pueden ser un reflejo muy tímido de la realidad, nos presentan cifras alarmantes. Según el estudio “Determinantes de la violencia en el Perú”, el 58% de niños y niñas y el 65% de adolescentes han sido golpeados en su casa alguna vez, y el 70% de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia psicológica en este mismo espacio.

El daño que causan las diversas formas de violencia es tal que se constituye en un obstáculo para el pleno y positivo desarrollo de las capacidades intelectuales, emocionales, productivas y creativas de quienes la padecen, lo que las convierte en una vulneración del derecho humano a crecer sin violencia y en el ancla que impide al país navegar en el mar del desarrollo.

Frenar la violencia contra la niñez y la adolescencia no es fácil, ni tampoco un proyecto a corto plazo. Por el contrario, implica enfrentar varios grandes retos. Uno de ellos es prevenir que se reproduzca entre las generaciones. Todo un desafío si se tiene en cuenta que el 48% de los niños y niñas y el 40% de las y los adolescentes consideran que sus padres tienen derecho a golpearlos para corregir sus malas conductas.

Otro desafío consiste en derribar mitos, como aquel que asocia la violencia sexual solo con las niñas y las adolescentes y que, por lo mismo, no evidencia que más del 40% de niños y adolescentes varones han experimentado violencia sexual con o sin contacto.

Llegar a buen puerto pasa por lograr que en la familia y en la escuela se den relaciones humanas más democráticas en las que se valore la voz de niños, niñas y adolescentes, así como también reducir drásticamente los conflictos entre los padres. No hay soluciones mágicas, pero sí prácticas exitosas que pueden adaptarse a las características nacionales, regionales o locales.

Por ello, celebramos la incorporación del Perú como país pionero a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Porque participar en este espacio amplía las oportunidades que el país tiene para recibir asistencia técnica, generar conocimiento y obtener financiación a fin de mejorar las estrategias de prevención y respuesta frente a la violencia contra la niñez. Así también, ayudará a visibilizar e intercambiar las buenas prácticas desarrolladas.

El Perú se está colocando con cierta ventaja en la ruta hacia la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantea “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”, pero sobre todo está sentando las bases para garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia a vivir libre de todo tipo de violencia. Hecho importante, porque si bien debemos orientar a los niños a reconocer y alejarse de las situaciones que los ponen en peligro, la responsabilidad de su cuidado y protección es enteramente de nosotros, los adultos.