¿Por qué marchamos las mujeres?, por Marina Navarro

El presidente Martín Vizcarra, durante su mensaje a la nación por el aniversario de la independencia, nombró a trece mujeres que murieron por causa de la violencia de género. Los casos de Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza Alva, fallecidas producto de los brutales ataques con material inflamable (por parte de su ex pareja la primera y por la ex pareja de su hermana la segunda) , conmocionaron a la sociedad. “No quedarán impunes los casos de feminicidio en este país. Honraremos su memoria”, sentenció el mandatario.

Como se puede ver en una encuesta publicada en este Diario hace unas semanas, de acuerdo a la opinión pública, esta violencia tiene dos factores predominantes: la mayoría de personas consultadas dijo que “no se educa que hombres y mujeres tienen los mismos derechos” y que “los hombres ven a las mujeres como su propiedad”.

Todos los días, las niñas y mujeres enfrentan violencia por motivos de género, como la violencia sexual, el feminicidio, la explotación sexual o la violencia doméstica.

La violencia contra mujeres y niñas está arraigada en una cultura discriminatoria que niega a las mujeres la igualdad de derechos con los hombres y que legitima la apropiación de los cuerpos de las mujeres. Entre enero y junio del 2018, según fuentes del Ministerio de la Mujer, se registraron 70 feminicidios, 163 tentativas y 52 mil casos de agresiones en todo el país.

Asimismo, los audios revelados por medios de comunicación en estos últimos meses demuestran que la corrupción enquistada en el sistema judicial peruano afecta de manera crítica a mujeres y niñas al perpetuar ciclos de impunidad para casos gravísimos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

Según el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta junio de este año el 38% de las personas denunciadas por tentativa de feminicidio se encuentran en libertad. Mientras las niñas y mujeres tienen que enfrentar obstáculos para presentar una denuncia, acceder a la justicia y recibir protección, muchos agresores continúan libres.

Poner fin al machismo que genera la violencia de género requiere mucho más que declaraciones o decretos, requiere que haya también políticas preventivas. Por eso, miles de mujeres y adolescentes se siguen movilizando para exigir al Estado que se la juegue por el enfoque de igualdad de género en la educación, incluyendo la educación sexual integral.

Los roles que hombres y mujeres cumplimos en nuestra sociedad, las valoraciones existentes acerca de lo femenino y lo masculino, las maneras en que el poder y las desigualdades se manifiestan en la vida cotidiana responden a normas, valores, expectativas, identidades y representaciones construidas social, histórica y culturalmente que comienzan a formarse desde la escuela.

Ceder ante grupos antiderechos que buscan eliminar la educación con enfoque de igualdad de género de las políticas públicas y educativas generará un panorama sombrío para millones de niñas que crecerán sin herramientas para enfrentar y denunciar acciones que vulneren sus derechos.

Está en la cancha del presidente Martín Vizcarra liderar de manera activa la lucha contra la violencia de género de cara al bicentenario. Construir una sociedad en la que las mujeres sean capaces de vivir libres y sin miedo, a través de reformas judiciales y políticas públicas con enfoque de género, debería ser la prioridad de este gobierno para los tres años que le quedan de gestión.