Un vistazo al futuro, por Marcial García Schreck

Los tiempos en que las multinacionales pagaban menos impuestos sirviéndose de estrategias de planificación fiscal audaz parecen estar llegando a su fin. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por los 34 países más desarrollados del planeta, con el G-20, tras dos años de trabajo, acaba de concluir un revolucionario plan de acción para luchar contra la “erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios” (conocido como Plan BEPS, por sus siglas en inglés).

El Plan BEPS considera 15 “acciones”, cada una claramente delimitada y definida. Al margen de los objetivos específicos de cada acción, desde una perspectiva general, todas ellas tienen por fin enfrentar determinadas maniobras que, sin ser necesariamente ilegales, permiten reducir la carga impositiva global de los grupos multinacionales, mediante el traslado de sus ganancias hacia jurisdicciones donde son objeto de un trato fiscal más favorable. La OCDE estima que estas prácticas, consideradas abusivas, ocasionan una pérdida de entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por Impuesto a la Renta.

Si bien se han dado pasos significativos, aún hay mucha tela por cortar y lo más complicado está por venir. El fruto de dicho trabajo se está viendo plasmado en recomendaciones para homogeneizar la normativa interna de los diferentes países afectados y los más de 3 mil convenios para evitar la doble imposición. En buena cuenta, lo que propone el Plan BEPS es un cambio radical del modelo de la tributación internacional con un esquema integrado en que todos los sistemas tributarios del mundo guarden coherencia con el principio que lo anima.

Somos testigos de un esfuerzo sin precedentes que marca un antes y un después en la historia de la cooperación fiscal internacional. Para dotarlo de mayor consenso y legitimidad, se ha involucrado activamente a más de 80 países en desarrollo y otras economías no pertenecientes a la OCDE y al G-20 que participaron en numerosas consultas regionales y foros mundiales. Estas citas han servido para tener un acercamiento entre países, ayudando a aliviar tensiones dadas sus distintas posturas en materia de política tributaria.

No son pocos los países de América Latina que apoyan esta ambiciosa iniciativa. Es lógico que sea así, pues uno de desafíos que tiene la región es mejorar la recaudación fiscal para no depender de los vaivenes de los precios de las materias primas. Desde luego, tanto México como Chile han mostrado su respaldo al ser miembros plenos de la OCDE; mientras que Argentina, Brasil y Colombia son países “asociados BEPS”, que están siguiendo el liderazgo de esta organización para estrechar el cerco contra el fraude y la evasión fiscal. De hecho, algunos de ellos ya han desarrollado normas con claro sesgo antiabuso inspiradas en el proyecto, sin esperar los resultados de este. Los intentos de otro grupo de países de la región, como Costa Rica y el Perú, por integrar la OCDE pueden reforzar esa tendencia.

Pero no solo se trata de “cortar y pegar”. Los gobiernos de estos países deberán tener el tino de implementar tales medidas en el momento adecuado, adaptándolas a sus respectivas realidades económicas y  garantizando rigurosamente la seguridad jurídica que las empresas de todos los tamaños necesitan.