Con la juramentación de la primera Mesa Directiva del Congreso elegido para el período 2021-2026 se empieza a perfilar la naturaleza de la relación entre los poderes del Estado. (Foto: Congreso)
Con la juramentación de la primera Mesa Directiva del Congreso elegido para el período 2021-2026 se empieza a perfilar la naturaleza de la relación entre los poderes del Estado. (Foto: Congreso)
Omar Awapara

Director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC

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Con la juramentación de la primera Mesa Directiva del elegido para el período 2021-2026 se empieza a perfilar la naturaleza de la relación entre los poderes del Estado. Hoy asume la presidencia , y de su mensaje al Parlamento, pero en especial de la composición de su primer Gabinete, podremos tener una mejor idea de lo que será la dinámica política en esta arena. Una que –sin ser la única– fue determinante para la (in)estabilidad del gobierno que se inició en el 2016 y no logró llegar a la meta.

El lunes, un Congreso con un 85% de parlamentarios sin experiencia legislativa sorteó sin mayores sobresaltos una primera prueba de coordinación, que resultó en una primera Mesa Directiva multipartidaria que no incluye a ninguna de las dos fuerzas políticas que pasaron a la segunda vuelta. Ese es sin duda un escenario novedoso comparado a legislaturas pasadas, pero que curiosamente era el preferido por una mayoría de encuestados en el último sondeo de El Comercio-Ipsos (49%) que no quería ver ni al gobierno ni a la oposición encabezándola.

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Conocida en una primera votación la correlación de fuerzas en el Parlamento, con un ligero predominio de fuerzas opositoras pero con una importante bancada oficialista, toca ahora al Ejecutivo jugar sus cartas. La alineación del primer Gabinete de Pedro Castillo revelará información sobre las disputas internas entre gobierno y partido, pero además enviará un mensaje tanto al Congreso como a la ciudadanía.

A diferencia de gobiernos anteriores, no solo llegamos a 28 de julio sin tener esa información disponible, sino que la experiencia del lustro pasado hace que la posición de presidente del Consejo de Ministros cobre mayor relevancia que nunca. Y no es, en realidad, por lo que dice la Constitución respecto a sus funciones, sino por el mensaje que los nombramientos envían tanto a la opinión pública como al Parlamento, adonde el Gabinete tendrá que dirigirse en busca del voto de investidura en las próximas semanas.

Si bien la Constitución establece en su artículo 122 que los ministros son nombrados y removidos a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros, rara vez se ha respetado esa estipulación. Véase, por ejemplo, la elocuente anécdota de cómo Fujimori armó su primer Gabinete relatada por Juan Carlos Hurtado Miller a Fernando Vivas el domingo pasado, o cómo Alejandro Toledo anunció primero a Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía y luego a Roberto Dañino como presidente del Consejo de Ministros en su primer Gabinete. Esa tendencia se ha mantenido, ante las ansias de los mercados, posterior a cada elección (más interés concitó Carranza en el MEF de Alan García que Jorge del Castillo en la PCM, mucho más Castilla que Lerner con Humala).

Algo muy preocupante, como un signo de verdadera rebeldía (y temor, para quienes todavía puedan creer en una “humalización” de Castillo) es que hoy esté asumiendo un nuevo gobierno sin haber anunciado Gabinete o, al menos, cabezas del MEF y de la PCM. En el caso de este último, la gobernabilidad inicial estará muy marcada por la habilidad política que presente como portavoz del Ejecutivo y la resistencia que encuentre en un Parlamento atento a flexionar sus músculos.

¡Feliz 28!

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