(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Noelia Bernal e Iván Alonso

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Escriben: Noelia Bernal e Iván Alonso.

La propuesta de reforma del sistema previsional presentada por la comisión presidida por la congresista Carmen Omonte (Alianza para el Progreso), ha generado una gran polémica en torno a si el Estado debería tener un rol en la administración de los fondos de pensiones de los peruanos. El economista Iván Alonso y la profesora de Economía de la Universidad del Pacífico Noelia Bernal discuten la pertinencia y las consecuencias de la medida.

¿Quién gestionará a los gestores?, por Iván Alonso*

“El gran peligro es que el sistema se politice”.

Hemos dicho públicamente y repetiremos aquí que el proyecto de ley de la comisión multisectorial de reforma de pensiones, que preside la congresista Carmen Omonte, es muy malo. Vamos a retroceder 30 años, a una época en la que el sistema de pensiones era administrado por el Estado. Los jubilados recibían sumas ridículas porque las pensiones que se pagaban dependían de la partida presupuestal asignada por el gobierno de turno, y el pago de pensiones nunca era –y, más allá de la retórica del momento, nunca será– una prioridad para los políticos. Ésa es la razón fundamental para tener un sistema privado de pensiones, financiado con los aportes de los afiliados a sus cuentas individuales de jubilación.

La propuesta del Congreso pretende unificar el sistema privado (las AFP) con lo que queda del sistema público (la ONP). En el nuevo sistema cada afiliado tendría una cuenta dividida en dos: una subcuenta que sería su fondo individual, adonde iría una parte aún no especificada de sus aportes, y otra subcuenta que sería una “participación” en un fondo colectivo, adonde iría el resto. Participación entre comillas porque lo que eventualmente reciba de este fondo, si acaso recibe algo, no dependerá del monto aportado, sino de los años de aporte, un esquema de redistribución de pobres a ricos, porque los primeros suelen ser los que aportan con menos frecuencia y los segundos, con carreras más largas y estables, son los que más fácilmente cumplen con el número mínimo de aportes.

La propuesta se presenta, por cierto, con un ropaje angelical. No se está proponiendo, supuestamente, expropiar ni estatizar los fondos acumulados en las AFP porque éstos pasarán al fondo de riesgo individual en el nuevo sistema, que será administrado por gestores privados elegidos mediante licitación pública internacional en función de la rentabilidad que ofrezcan, y habrá competencia entre ellos. Esto debería disipar el temor de que los fondos sean invertidos, como tantas veces en el pasado, priorizando los rendimientos políticos. ‘Nice try’, como se dice en inglés.

Tenemos que preguntarnos, como se preguntaría Juvenal, el poeta latino, ¿quién gestiona a los gestores? Para que haya una licitación, alguien tiene que convocar a los postores y redactar las bases. Ese alguien no será otro que la nueva Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP). ¿Qué dirán esas bases? En primer lugar, cómo se elegirá al ganador o los ganadores. Si los ganadores serán aquellos que garanticen la mayor rentabilidad –y habrá que ver qué clase de gestores se anima a garantizar algo así–, las bases tendrán que fijar parámetros de riesgo para evitar que timbeen con los fondos. El gran peligro es que el sistema se politice; que se les ponga límites para invertir en el exterior o en el sector privado y se los empuje a financiar proyectos de interés nacional que nadie más quiera financiar, como la refinería de Talara y la aerolínea de bandera. La experiencia enseña que el peligro es grande y real.

¿Qué hacemos, entonces, con el sistema de pensiones? Comencemos por archivar este malhadado proyecto. Despertemos luego del sueño dogmático de la reforma “integral” y dediquémonos a resolver problemas puntuales: cómo hacer para que contribuyan los independientes, digamos, o cómo garantizar una pensión mínima sin redistribuir de pobres a ricos.

*El autor es asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP.

" El gran peligro es que el sistema se politice; que se les ponga límites para invertir en el exterior o en el sector privado y se los empuje a financiar proyectos de interés nacional que nadie más quiera financiar".(Foto: Andina)
" El gran peligro es que el sistema se politice; que se les ponga límites para invertir en el exterior o en el sector privado y se los empuje a financiar proyectos de interés nacional que nadie más quiera financiar".(Foto: Andina)

Cuidado con la campaña de miedo de las AFP, por Noelia Bernal

“Bajo el esquema actual, los afiliados a las AFP van a obtener pensiones sumamente bajas”.

Las AFP están haciendo un lobby para que la reforma del sistema de pensiones planteada por el Congreso no prospere y se mantenga el statu quo. Una estrategia que denomino “la campaña del miedo” con la que no solo están desinformando a la población sino tratando de impedir la implementación de una política pública en favor de sus propios intereses.

Uno de los primeros mitos que trataron de promover fue que la reforma de pensiones del Congreso proponía un sistema de reparto o fondo común. Esto ha quedado desvirtuado porque la reforma propone un fondo de capitalización colectiva que generará rendimientos tal y como lo hace un fondo de capitalización individual. La principal diferencia es que este fondo colectivo servirá como una póliza de seguro que otorgará pensiones mínimas a quienes lo necesiten, es decir, la gran mayoría de la población afiliada.

Otro mito es que la reforma confiscaría el dinero de los afiliados, lo que “sería un robo”. Eso es totalmente falso. El proyecto plantea que los saldos de los afiliados a las AFP pasen intactos al nuevo sistema y los afiliados a la ONP reciban un bono de reconocimiento. Es decir, todos mantienen la propiedad de sus recursos. De aprobarse la reforma, los cambios se aplicarían hacia adelante y solo se afectaría a los nuevos aportes. Es irónico escuchar esto ahora y no cuando se aprobó la Ley 29903 (2012) que creó la “comisión por saldo”. Gracias a esta Ley, las AFP cobran una comisión sobre nuestros nuevos ahorros generados a partir de esa fecha, la cual la cobran sin importar si nos brindan rentabilidad positiva o no. En mi opinión, esa comisión sí es confiscatoria y hasta inconstitucional, además que no genera los incentivos correctos, solo beneficia a las AFP, y tiene efectos perversos sobre las pensiones.

Otro mito es que la reforma plantea volver al manejo estatal de los 80 y que eso sería “terrible” porque el Estado ya ha demostrado que no es buen administrador. Este miedo es natural y entendible, y es por ello que la reforma propone brindar autonomía constitucional al organismo público de pensiones, tal y como la tienen organismos como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Creo que nadie se atrevería a dudar de la solidez de estas instituciones y hacia eso deberíamos aspirar con esta reforma.

No es buena idea mantener el sistema actual, sobre todo para la gran mayoría de afiliados. En las simulaciones financiero-actuariales que realicé para analizar la propuesta del Congreso encuentro que, bajo el esquema actual, los afiliados a las AFP van a obtener pensiones sumamente bajas. El quintil de ingresos más bajo obtendría una tasa de reemplazo de solo 33% y el resto de quintiles tasas que se encuentran entre el 20 y el 27%. Son justamente la gran mayoría de afiliados a las AFP los grandes ganadores de la reforma que se viene discutiendo porque van a recibir pensiones mínimas y escalonadas y ya no van a pagar las elevadas comisiones que hoy pagan.

Confío en que el pleno del Congreso apruebe el diseño de reforma y las instituciones vinculadas a pensiones como el MEF, el Ministerio de Trabajo y la SBS defiendan los intereses de nosotros, los trabajadores, y no caigan en la estrategia desplegada por las AFP de meter miedo, criticar todo y no hacer nada.

"Otro mito es que la reforma plantea volver al manejo estatal de los 80 y que eso sería “terrible” porque el Estado ya ha demostrado que no es buen administrador". (Foto: Andina)
"Otro mito es que la reforma plantea volver al manejo estatal de los 80 y que eso sería “terrible” porque el Estado ya ha demostrado que no es buen administrador". (Foto: Andina)