(Foto: Archivo El Comercio)
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Óscar Vidarte A.

Próxima a realizarse a fin de mes –en la ciudad de Cali, Colombia– la XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, resulta relevante preguntarnos acerca de la realidad de uno de los principales mecanismos de integración de la región.

El hecho de contar con 49 países observadores distribuidos a lo largo del planeta es, ya de por sí, un reconocimiento por lo desarrollado en estos pocos años, desde su creación en el 2011. No obstante, si bien gran parte de la estructura construida fue posible en virtud de la convergencia económica de los cuatro países miembros –sobre todo a partir de la existencia de tratados de libre comercio bilaterales–, los resultados comerciales aún no reflejan estos avances. Más allá de las oportunidades que genera la Alianza del Pacífico, el complejo contexto económico internacional no ha sido favorable para aprovecharlas.

Desde un inicio, el énfasis en el tema económico ha sido un aspecto central para los países miembros de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, una vez alcanzados el Acuerdo Marco del 2015 y el Protocolo Comercial del 2016, continuar esta curva ascendente en materia de cooperación económica puede tornarse más complicado.
Frente a lo que significa concretar grandes avances económicos, proyectos como la implementación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) se encuentran todavía muy lejos de realizarse. Las diferencias entre los miembros son evidentes.

Y es que, aunque los cuatro países tienen economías abiertas al mundo, no puede decirse, por ejemplo, que México cuenta con los mismos intereses económicos que el Perú y Chile de cara a su inserción con la región del Asia-Pacífico. Así, mientras México prefiere no tener un tratado de libre comercio con China, el Perú y Chile sí lo han acordado.

Pero esta no es la única preocupación. Aunque hasta ahora los aspectos políticos no han sido una prioridad del grupo, resulta importante resaltar que ha llegado el momento en el cual la Alianza del Pacífico requiere de una estructura institucional.

Ciertamente, la experiencia de la Comunidad Andina es negativa, pero se hace necesaria alguna capacidad burocrática especializada en velar por los intereses de la Alianza y coordinar el trabajo de más de 20 grupos técnicos. Los acercamientos que se comienzan a desarrollar con la Asean y el Mercosur requieren de una posición común, articulada.

Existe voluntad política, pero también se requiere de una estructura institucional que permita comenzar a hablar en términos multilaterales y no –como sucede con mucha frecuencia– solo de manera bilateral. La experiencia de lo trabajado por los cuatro países en materia medioambiental en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático puede ser un importante punto de partida.

Estamos frente a una nueva etapa de la Alianza del Pacífico no solo en lo económico sino también en lo político. La relevancia de este bloque para hacer contrapeso a otras organizaciones regionales –como el ALBA o Unasur– hoy ya no existe. Lamentablemente, prioridades de otra índole, como pueden ser para Colombia la implementación de los acuerdos con las FARC o en México la situación de violencia interna, podrían debilitar en el futuro inmediato el desarrollo del bloque.

Los retos económicos y políticos son innumerables, y las diferencias entre los países miembros también. Avanzar en temas económicos nunca antes desarrollados –que implicarían la profundización de la integración regional– y hacer de la Alianza del Pacífico un mecanismo no solo económico sino también político resulta de gran importancia para el éxito del grupo.

¿Será posible hablar en algún momento de una política exterior común al interior de la Alianza del Pacífico? La idea de promover, en una reciente cumbre realizada en Viña del Mar, la negociación en bloque con otros países interesados en desarrollar vínculos económicos con la Alianza del Pacífico es un buen paso, pero el camino es difícil, y no basta solo con buenas intenciones.