Por una América Latina más segura, por Gino Costa

Es el título del primer informe de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) sobre prevención y control del delito. La extensión y la magnitud del problema criminal en la región ya no pueden ser ignoradas por las instituciones financieras para el desarrollo. La CAF considera que las altas tasas de inseguridad son una de las trabas más importantes para el crecimiento económico y social, y la gobernabilidad democrática.

Tres son los principales focos del informe. Primero, la prevención social del delito. Por este medio se trata de evitar el desarrollo de carreras criminales. Como estas se inician en la edad temprana, la gama de opciones se circunscriben a la niñez (hasta los 5 años), la adolescencia (6-18) y la juventud (19-24). Si las intervenciones son exitosas, existirán menos gente con propensión criminal.

Segundo, la prevención situacional del delito. Quizá el principal aporte del informe es convencernos de la importancia de saber dónde y cuándo ocurren los delitos, pues están focalizados en el tiempo y en el espacio, en los llamados “puntos calientes”. Tanto más importante es saber por qué ocurren, lo que se logra a través del análisis delictual. Son ambos saberes los que permitirán diseñar respuestas preventivas eficaces en el entorno urbano.

¿Qué factores explican el porqué del delito? Uno, el desorden físico (falta de luz, abandono del espacio público, etcétera). Dos, el desorden social (prostitución callejera, pandillas, consumo de alcohol y drogas en la calle, mendicidad y riñas, entre otros). Tres, los mercados ilegales, especialmente los de drogas.

El elemento común a estos tres condicionantes del delito es la ausencia de la autoridad. Restablecer su presencia en el territorio es imperativo, primero a través del despliegue policial, que luego debe ir acompañado por otros servicios públicos hasta entonces ausentes. Se requieren intervenciones multisectoriales, aunque la presencia policial es fundamental. La CAF afirma que está demostrado que el despliegue policial en los “puntos calientes” reduce el delito y que este, normalmente, no se desplaza, sino que tiende a desaparecer.

Tercero, si fracasan la prevención social y la situacional debe actuar la justicia penal, que demanda de una acción concertada y profesional de policías, fiscales, jueces y cárceles. De lo que se trata es de tener la capacidad de castigar al que delinque, de modo de incapacitarlo para que lo siga haciendo, disuadir a potenciales infractores y, finalmente, rehabilitarlo para su reingreso a la sociedad. Aquí, más importante que la extensión del castigo es la certeza del mismo. Ver la última columna de Balo Sánchez León. ¡Excelente!

Estos son los tres componentes fundamentales de una política de seguridad, ni más ni menos. Si apostamos a uno solo de sus componentes, fracasaremos. Para que la apuesta funcione se requieren información delictiva de calidad, evaluación permanente de las intervenciones para aprender de lo que funciona y de lo que no, y burocracias públicas debidamente entrenadas y con incentivos y recursos para la acción efectiva.