Iván Alonso

ha estado en el ojo de la tormenta la semana pasada. La gente salió a marchar, supuestamente, por el adelanto de elecciones y algunos por una nueva Constitución. Pero, ¿cómo le ha ido al pueblo apurimeño con la Constitución que sus pretendidos defensores quieren desechar?

En términos de producción e ingresos, bastante bien. Entre el 2007 y el 2021 el ingreso por habitante en Apurímac prácticamente se cuadruplicó, pasando de S/4.200 a S/15.300 al año (descontando la inflación). Dicho de otra manera, el ingreso real de los apurimeños, que era un 40% del promedio nacional, alcanzó el 100% en poco más de una década. Parte de ese se debe al inicio de operaciones de Las Bambas en el 2016. Pero aun antes de Las Bambas, entre el 2007 y el 2015, el ingreso por habitante ya había crecido casi 50%, llegando a S/6.200 anuales.

La minería ha sido la principal fuente de crecimiento económico de Apurímac, pero no la única. Otras actividades económicas han tenido también un crecimiento importante, como la construcción, que creció a una tasa promedio de 11% al año, y la agricultura, con un promedio anual de 3,9%. Los servicios gubernamentales, por su parte, crecieron un promedio de 5,3% al año. Apurímac no fue “olvidada” por el Estado.

¿Cómo ha impactado el crecimiento económico en las condiciones de vida de la gente? En la década pasada se otorgó en Apurímac un total de 5.838 licencias de construcción para viviendas unifamiliares y 1.544 para viviendas multifamiliares, que no son pocas para un departamento de 430.000 habitantes. Las ventas de cemento se cuadruplicaron y las de barras de fierro para construcción se duplicaron. La calidad de la vivienda ha ido mejorando. Hace 10 años tan solo el 5% tenía techo de concreto, el 8% paredes exteriores de ladrillo y el 16% pisos de cemento; hoy los porcentajes son 15%, 20% y 28%, respectivamente. El 72% de los hogares tenía luz eléctrica; hoy la tiene el 95%.

El gasto público en educación básica en Apurímac, dependiendo del nivel, se ha duplicado o triplicado: en el nivel inicial aumentó de S/1.784 por alumno a S/4.657; en primaria, de S/1.974 a S/5.017; y en secundaria, de S/2.010 a S/6.222. El número de docentes subió de 9.000 a 10.500, y el número de instituciones educativas, de 2.300 a más de 2.800.

Veamos los indicadores del servicio de salud. De 665 camas hospitalarias en el 2011 se ha pasado a 1.130 en el 2021. Los profesionales de salud, entre médicos, obstetras y enfermeros, han aumentado de 2.000 a 3.000 en números redondos. El número de médicos por cada 100 mil habitantes ha subido en 50%, de 76 a 114; y el número de enfermeros, en más de 70%, de 254 a 441. En el 2011, el 70% de los niños menores de un año había sido vacunado contra el sarampión, la polio y la tuberculosis; en el 2021 más del 95% estaba vacunado. La mortalidad infantil ha bajado de 22 a 17 por mil.

Qué daño les han hecho los apurimeños a los que quieren cambiar esta Constitución es un misterio.

Iván Alonso es economista