"Otra de las consecuencias de esta catástrofe será el desborde social", escribe Fernando Rospigliosi. (Foto: USI)
"Otra de las consecuencias de esta catástrofe será el desborde social", escribe Fernando Rospigliosi. (Foto: USI)
Fernando Rospigliosi

Analista político

Una combinación desastrosa es la que se ha impuesto en el errático Gobierno de Martín Vizcarra, la de autoritarios y estatistas, amalgama que está empeorando la muy crítica situación que vive el país.

Consecuencia de las políticas que propician estos grupos es la prolongada parálisis de la economía, que ha llevado ya al empobrecimiento a millones de peruanos y a la pérdida del empleo a más de la mitad de los trabajadores formales de Lima, 1′684.600 personas, la mayoría de las cuales pasará a engrosar las abultadas filas de la informalidad (El Comercio, 16/6/20).

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Otra de las consecuencias de esta catástrofe será el desborde social, parte del cual será el inevitable aumento de la delincuencia. De hecho, ya desde abril, los delitos, que habían disminuido al comienzo de la cuarentena, empezaron a repuntar (“Perú21”, 23/5/20). Ante esto, los voceros del Gobierno no han tenido mejor idea que proponer medidas ineficaces, peligrosas y torpes, como la prolongación del toque de queda o la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia.

En realidad, hay cosas que se podrían hacer y deberían estar preparándose ya para combatir la ola delincuencial que se avecina. Como detallé en un artículo (“Lo que viene: desborde social y delincuencia”, “El Reporte”, periódico digital, 31/5/20), además de programas focalizados del Gobierno en lugares y sectores más afectados por la crisis –como los jóvenes–, la labor policial debería enfocarse en mejorar el trabajo de las comisarías. El pequeño delito es el que más preocupa a la mayoría: los asaltos y arrebatos en las calles, los robos en viviendas, etc.

Para eso, tienen que mejorarse varias cosas. Primero, la investigación criminal al nivel de la comisaría, del distrito. Ahora está casi abandonada y solo existen las grandes unidades (Dirincri, Diviac), que no se ocupan de eso. Segundo, el patrullaje inteligente, que implica concentrar los vehículos en las comisarías y contar con mapas del delito actualizados. Tercero, para lo anterior, tiene que mejorarse sustancialmente la atención en la comisarías para que los ciudadanos denuncien los delitos (ahora lo hacen solo un 15%, aproximadamente).

Es indispensable también, para una ciudad como Lima, un centro de comando y control (C4) que podría instalarse rápidamente venciendo trabas burocráticas y corruptas que existen dentro de la institución policial.

El problema es que en el Gobierno no hay ningún incentivo para buscar soluciones eficientes, pero laboriosas. Lo más sencillo es dictar, a la bruta, órdenes y decretos: nadie puede salir de sus casas en las noches, los militares se quedan en las calles. Por supuesto, no les importa, por ejemplo, el desgaste y el debilitamiento de las fuerzas armadas, que deben participar temporalmente en ciertas tareas en períodos de emergencia relativamente cortos y limitados, pero no asumir permanentemente funciones para las que no están preparadas y en las que no son eficaces.

El toque de queda, además de no haber impedido la propagación del coronavirus –al contrario, propició más contagios al reducir las horas de atención de mercados y supermercados–, tampoco ha impedido el repunte de la delincuencia. Y, por ejemplo, delitos graves se cometen durante el mismo, como algunos de los atentados realizados en los últimos días (“Sicarios acribillan a 5 en menos de 24 horas”, “Expreso”, 17/6/20).

Otro de los recursos de los políticos incapaces en estas circunstancias es el del populismo penal; el aumento de las penas. En verdad, las penas son muy altas en el Perú debido a la infinidad de circunstancias agravantes que permiten condenar a un delincuente a muchos años de cárcel a pesar de que el monto robado pueda ser ínfimo. Por supuesto, a quienes dictan esas muy populares normas, Gobierno y Congreso, no les interesa a dónde irán los sentenciados. Como se ha constatado hace poco, las cárceles están sobrepobladas, no se diferencian a los reos primarios de los avezados, con lo que las instalaciones se convierten en escuelas del delito. Tampoco les importa que, para enviar a un asaltante a la cárcel, primero hay que capturarlo, luego acumular las pruebas necesarias y procesarlo y, por último, realizar un juicio rápido y justo. Como nada de eso existe, las altas penas son escasamente disuasivas.

Es hora de que la golpeada, atemorizada y desconcertada sociedad peruana empiece a reaccionar y rechazar el autoritarismo y el estatismo de un Gobierno incompetente, demandando soluciones eficaces a la crisis que ese mismo Gobierno ha propiciado.