Las Bambas: nuevo ciclo de conflictos, por Fernando Rospigliosi

La precaria tregua lograda por el gobierno en Las Bambas se ha obtenido a un elevado costo, que posiblemente tendrá repercusiones en futuros conflictos.

Los huelguistas que bloqueaban las carreteras en Cotabambas exigían la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), demanda imposible de satisfacer. Pero les dieron solo un poco menos: el primer vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra.

Ahora todos piden algo parecido. Las comunidades nativas que bloquean el río Marañón en Saramurillo también exigen que vaya PPK aunque quizás consientan a Vizcarra.

El mal ejemplo de esta primera contienda será difícil  de corregir, pero tendrán que hacerlo. Como es obvio, Vizcarra no podrá dedicarse a tiempo completo a esa tarea.

Otro problema es el que ha sido señalado por la Sociedad de Comercio Exterior (Cómex), como reseñó el diario “Gestión”:  “‘La grave situación suscitada no solo demuestra la casi nula aplicación de la ley, sino también la recurrente incapacidad del Gobierno para lidiar con los conflictos de manera eficaz’. Agregó (Comex) que el Código Penal estipula normas con penas de cárcel para quienes bloqueen carreteras y vías de uso público, y también hay normas contra el delito de flagrancia que no han sido aplicadas en este caso”. (23/10/16).

En el futuro será más difícil el uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden y, como muestra la experiencia, en todo el Perú aquellos que están preparando alguna protesta miran con mucha atención las respuestas del gobierno y actúan en consecuencia. 

Lo que ha detonado las protestas en Las Bambas es el abrupto final de la construcción de la mina que llegó a contar hasta con 18.000 trabajadores, situación que produjo una prosperidad desconocida en esa zona altoandina, tradicionalmente pobre. Ahora los campesinos quieren conseguir más recursos exigiéndoselos a la empresa.

Por ejemplo, los habitantes de Taquiruta, un pequeño caserío muy próximo a la operación, siguen ahí porque quieren recibir más dinero del que han obtenido sus vecinos, que aceptaron mudarse a un pueblo –Nueva Fuerabamba– íntegramente construido por la empresa, con viviendas modernas y todos los servicios. (Ver por ejemplo el portal Convoca.pe, del 21 y 24 de agosto y del 17 de octubre).

Además de casas, los campesinos recibieron doscientos mil soles cada uno por su parcela. Una foto publicada por Convoca.pe muestra la sala de un campesino, con muebles relucientes y confortables, y un moderno equipo de sonido con cuatro enormes parlantes, además de un gran televisor. Antes esos comuneros vivían en pequeñas viviendas frágiles, sin agua potable, desagüe ni luz, y con escuelas y centros de salud precarios y distantes.

Sin duda siguen existiendo muchos problemas. Y la pobreza endémica en esa zona difícilmente se resolverá, por más esfuerzos que pueda hacer el Estado. Aunque no sea políticamente correcto decirlo, a cuatro mil metros de altura no se puede hacer mucho para mejorar sustancialmente la vida de los campesinos que viven dispersos en la puna. La alternativa a esa situación es la migración voluntaria a pueblos y ciudades, lo que es posible siempre y cuando existan ofertas viables. De hecho, es lo que ha sucedido masivamente en el Perú en las últimas décadas. 

Algunos de los que protestan quieren precisamente eso, es decir, obtener dinero de la mina para poder migrar con una alforja colmada. No se les puede reprochar esa aspiración. El asunto es que hay que encontrar un equilibrio entre las demandas y las posibilidades de satisfacerlas. 

La situación se complica por la participación de instigadores que buscan beneficiarse a costa de los campesinos, por lo general abogados que cobran un porcentaje de lo que se obtenga, además, claro está, de los que buscan conseguir notoriedad política, ya sea por motivos ideológicos o –lo más frecuente– porque quieren llegar al municipio y disponer de los jugosos recursos del canon.

Por eso las bien intencionadas alternativas de “desarrollo comunal” y otras similares por lo general tienen poca acogida. La gente ya no quiere piscigranjas o charlas técnicas, esperan dinero contante y sonante. Un peaje por cada camión con mineral, por ejemplo.

El gobierno ha empezado con mal pie: postergar el conflicto con promesas difíciles de cumplir a partir de un diagnóstico equivocado. Es tiempo de que bajen a la realidad.