"No vamos a aceptar como Poder Ejecutivo que se usen mecanismos para tratar de disminuir el énfasis en la lucha contra la corrupción", señaló Vizcarra. (Foto: GEC / Video: Canal N)
"No vamos a aceptar como Poder Ejecutivo que se usen mecanismos para tratar de disminuir el énfasis en la lucha contra la corrupción", señaló Vizcarra. (Foto: GEC / Video: Canal N)
Federico Salazar

Periodista

Miembros de la comunidad de Fuerabamba impiden el traslado de los minerales de la mina . Su presidente fue detenido y acaba de ser liberado.

Según el fiscal, liberaron a Gregorio Rojas porque advirtieron que “ sino que los Chávez Sotelo, en su condición de abogados, se habrían aprovechado de él para utilizarlo y manipularlo”. (El Comercio, 30/3/19, p. 14).

Rojas no es un inimputable. ¿O sí?

Imaginemos que Gregorio Rojas hubiera comparecido ante José Domingo Pérez. Hay grabaciones, con su voz, pactando directamente el delito de extorsión con los Chávez Sotelo.

Seguramente Pérez habría pedido 36 meses de prisión preventiva. Y seguramente se los habrían dado. Y seguramente lo habríamos aplaudido.

El gobierno, por su lado, estuvo informado de las escuchas y no hizo nada. Se lavó las manos.

El propio presidente sigue enredado en sus palabras. Sobre este conflicto, ha dicho que garantiza la apertura y el diálogo y, a la vez, que mantiene una posición firme “contra la violencia, la delincuencia y la extorsión”.

El presidente tiene que definirse. Sobre todo, porque la dirigencia de Fuerabamba exige todavía la liberación de los abogados Chávez Sotelo.

La protesta bloquea una vía pública. Esta adquirió la categoría de “nacional” después de un proceso largo y tras varias solicitudes distritales, provinciales y regionales. No fue del Gobierno Central al local, sino al revés.

Según el Código Penal, el que con violencia o amenaza “obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito, con el objeto de obtener cualquier ventaja será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años” (art. 200).

Esta vía no atraviesa pastizales ni campos comunales, ni casas ni apus. El traslado de los camiones de la mina Las Bambas no crea contaminación, no afecta a animales ni sembríos, ni a personas.

Para operar, Las Bambas tuvo que trasladar las viviendas de los comuneros de Fuerabamba. Les dio nuevos terrenos y, entre otros, el fundo Yavi Yavi, como parte de una permuta. Les construyó casas de tres pisos, colegios, postas y les dio dinero: hasta S/1,8 millones a algunas personas.

Ahora los comuneros sostienen que la empresa debió cumplir con el plan original de un mineroducto. La mina, sin embargo, cambió de propiedad y separó dos explotaciones (Las Bambas y Antapaccay), por lo que ya no tiene sentido el mineroducto.

Se hizo un nuevo estudio de impacto ambiental y se procedió a habilitar y usar la vía pública nacional PE-3SY. Los comuneros quieren dinero por este cambio. Los abogados y la comunidad quieren S/500 millones por una cesión de uso.

No hay de por medio ningún derecho ancestral, no hay de por medio ninguna afectación por contaminación. La vía no es de la comunidad y la protesta impide el libre tránsito.

La comunidad no puede cobrar por una vía a cargo del Estado. Menos, bloquear para cobrar.

¿Y el polvo de la vía? ¿Y los “microtemblores” causados por los volquetes? Esto no estaba considerado en la concesión del fundo Yavi Yavi o en la recategorización de la vía.

La vía era pública vecinal en el 2008. Se recategorizó en el 2018. En enero de este año el gobierno estableció el derecho de vía de la ruta nacional PE-3SY (RM 054-2019 MTC/01.02).

El gobierno puede asfaltar el camino por Yavi Yavi, para evitar el polvo. La empresa, si quiere, puede seguir otorgando facilidades o beneficios a la comunidad.

El conflicto principal, sin embargo, es sobre los derechos de la vía. ¿A quién corresponden?

Si corresponden al Estado, el presidente debe defender sus fueros. Si corresponden a la comunidad, el gobierno (no la empresa) debe proponer la compensación.

Lo que no se debe permitir es que la toma de vías nacionales se convierta en una herramienta institucionalizada del chantaje y la extorsión. Ni el poncho ni el sombrero yanawara cambian el derecho.

Los fiscales no deben detener ni liberar por prejuicio. Nuestras libertades no pueden estar a expensas de esas manos.

El gobierno, por su parte, debe ser claro. La vía, ¿es nacional o es comunal? ¿Hay extorsión? ¡Que hable el presidente!