El bicentenario y el archivo nacional, por Carlos Contreras Carranza

A los historiadores a menudo nos preguntan cómo hacemos para deslindar la verdad de la leyenda o la mera maledicencia. ¿Es cierto que Mariano Ignacio Prado, el presidente de la República en el momento de la guerra del salitre, se llevó consigo los millones reunidos para comprar armas y nunca volvió con ellas? ¿Se quemaba en una hoguera en la Plaza de Armas de Lima a los herejes del catolicismo por orden de la Santa Inquisición de la época virreinal? ¿Por qué no acudió desde Arequipa el coronel Manuel Leyva en apoyo de Francisco Bolognesi en vísperas de la batalla del morro?

La respuesta a todo ello está en los archivos. A diferencia de las bibliotecas, que guardan libros y revistas que, de ordinario, se reproducen en miles de ejemplares; o de los museos, que conservan objetos y reliquias materiales del pasado, los archivos custodian papeles manuscritos que casi siempre son ejemplares únicos, de modo que cuando ocurre alguna pérdida, esta suele ser irreparable. Nuestro Archivo General de la Nación (AGN) consiste en un sistema nacional, cuya sede central está en Lima, y con el que se articulan los archivos regionales o departamentales del país. La sede central está en este momento repartida en tres locales. Uno de ellos es el sótano del Palacio de Justicia, sobre el que pende, cual espada de Damocles, una orden de desalojo. Tal es el estado del más importante repositorio documental del país ad portas de conmemorar el bicentenario de la república. Reúne en total treinta kilómetros lineales de documentos puestos de pie; una distancia como la que media entre Lima y Lurín. Solo cien metros de ese total; es decir, la tercera parte del 1%, está digitalizada, que es la forma moderna como hoy los archivos del mundo procuran resguardar su documentación y facilitar su uso.

Debemos considerar como una tarea prioritaria garantizar el cuidado del patrimonio documental que guarda el AGN, cuya utilidad no solo atañe al Perú, sino a países vecinos que durante el Virreinato estuvieron gobernados desde Lima. Se conservan ahí valiosos documentos, cuya antigüedad se remonta a quinientos años, como el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, donde constan las operaciones del reparto del rescate de Atahualpa, o el testamento de Gonzalo Taulichusco, el último curaca de Lima. Ahí reposa nuestro pasado, a la espera de su reconstrucción.

Con ocasión del bicentenario de la independencia, el mejor reconocimiento que podría hacerse a la comunidad de historiadores y, en el fondo, a la ciudadanía del Perú entero, es dotar de un local propio y adecuado al AGN. Uno que esté al mismo nivel de los de Santiago de Chile o Santa Fe de Bogotá (por citar países vecinos) que, ni por asomo, contienen la riqueza del nuestro. De la comisión para el bicentenario formada por el gobierno hemos escuchado hablar de parques conmemorativos, cinematecas y ediciones de libros, pero nada del archivo.

Hasta donde sabemos, el proyecto del nuevo local iba lento, pero, al fin, encaminado. Para el año que inicia se cuenta con S/3,5 millones para el expediente técnico, paso previo a la construcción del edificio, cuyo costo está estimado en S/183 millones. Se cuenta ya con un terreno sobre la avenida Paso de los Andes en Pueblo Libre, muy cerca del actual Museo Nacional de Historia y Arqueología. Una ubicación relativamente céntrica y bien comunicada, que consolidaría esta bonita zona del distrito de los libertadores como el rincón de la historicidad. Sin embargo, las recientes declaraciones del nuevo ministro de Cultura, Rogers Valencia, en el sentido de que reevaluará la idea del nuevo local, proponiendo que este se haga en un lugar con menos humedad, como Arequipa, Ayacucho o Moquegua (patria chica del actual mandatario), han sembrado nubarrones al respecto. Es como si en este momento volviéramos a poner en discusión la ubicación del nuevo aeropuerto del Cusco. No es que esa discusión carezca de sentido (medio-ambientalmente podría tenerlo, y mucho), pero devolvería el proyecto a fojas cero.

Como persona identificada con la descentralización, la idea del archivo nacional fuera de Lima no me disgusta, pero los repositorios (bibliotecas, museos, archivos) deben estar cerca de sus usuarios. Ninguna otra ciudad del país concentra el número de historiadores que tiene Lima, donde existen tres facultades de Historia (en Arequipa y Ayacucho existe solo una, y ninguna en Moquegua). Un reciente artículo del archivero César Gutiérrez alerta, además, del difícil estado en el que se encuentran los archivos regionales. El de Huancavelica, por ejemplo, cuenta con una importante documentación, que se remonta al mismo siglo XVI, pero es muy poco consultada por su difícil accesibilidad. Al AGN de Lima acuden, en cambio, unos 300 investigadores por mes, incluyendo a un 10% de extranjeros.

Sería una contradicción tremenda celebrar el bicentenario con inauguraciones de parques, monumentos y museos, al lado de una documentación histórica dispersa y en peligro de perderse por la incuria y la desidia de las autoridades.