"No es casual que varios de los nueve partidos votados para integrar el Congreso exhiban entre sus fundadores y representantes a personajes que están presos por corrupción y asesinato, procesados con requerimiento de prisión preventiva o que en su momento fueron acusados de violación". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"No es casual que varios de los nueve partidos votados para integrar el Congreso exhiban entre sus fundadores y representantes a personajes que están presos por corrupción y asesinato, procesados con requerimiento de prisión preventiva o que en su momento fueron acusados de violación". (Ilustración: Giovanni Tazza)
José Ugaz

Abogado

Se acaba de publicar el , realizado por Transparencia Internacional, el instrumento de medición más relevante sobre la situación de la a escala global. Se evaluaron a 180 países.

En esta 24° edición del IPC no encontramos grandes sorpresas. En un rango de 0 a 100 puntos, donde 0 equivale a un país totalmente corrupto y 100 a la utopía de un país sin corrupción, dos terceras partes han obtenido un puntaje por debajo de 50; y el promedio mundial es de 43 puntos. Es decir, en materia de corrupción, la humanidad está jalada.

Por segundo año consecutivo, Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen –con 87 puntos– como los países con menos corrupción (seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza). Mientras que, en la parte más baja de la tabla, figuran Venezuela, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia, con un puntaje que oscila entre 16 y 9.

A escala regional, Nicaragua, Haití y Venezuela son los peor rankeados con 22, 18 y 16 puntos, respectivamente. Nuestro país se ubica en el tercio inferior de la lista con 36 puntos; uno más que el año pasado y uno menos que el 2017, lo que confirma una tendencia al estancamiento en esa posición.

La encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, publicada hace un mes por Proética, confirma esta tendencia. En los últimos seis años, la corrupción como principal problema del Perú ha subido 20 puntos porcentuales: de 44% a 62% (este año ocupa el segundo lugar detrás de la delincuencia), un dato que es claramente respaldado por la realidad que estamos viviendo (19 de 25 gobernadores están investigados por corrupción –8 de ellos están presos– y el 92% de los alcaldes están en la misma situación). Por otro lado, la tolerancia media de la ciudadanía a la corrupción ha aumentado del 65% al 68% desde el 2017, ello significa que más del 50% justifica el pago de coimas ante la ineficiencia de las instituciones.

Para los peruanos, las instituciones percibidas como más corruptas son el (76%), el Poder Judicial (47%) y los partidos políticos (31%), lo que resulta consistente con el desprecio a la clase política que llevó a la abrumadora aceptación ciudadana de la disolución del Congreso, y con el desprestigio de una justicia atravesada por el crimen organizado en la que muy pocos confían.

Como no podía ser de otra manera, un problema de esta magnitud se refleja en los resultados electorales. No es casual que varios de los nueve partidos votados para integrar el Congreso exhiban entre sus fundadores y representantes a personajes que están presos por corrupción y asesinato, procesados con requerimiento de prisión preventiva o que en su momento fueron acusados de violación.

Si bien en el caso de Solidaridad Nacional, en cuya lista se congregaron varios de los peores rostros de la política peruana de los últimos tiempos, hubo un claro castigo ciudadano proscribiéndolos del Parlamento, no ha habido la misma claridad en todos los casos. En lo que constituyó una verdadera afrenta a la ciudadanía, varios de los partidos colocaron en los números preferenciales de sus listas a conocidos corruptos, asegurando con ello su ingreso al Congreso.

En una actitud bipolar, una vez más, pese a que 8 de cada 10 peruanos declaran que la corrupción afecta su vida cotidiana, y a la traumática experiencia que ha significado para la política nacional que los últimos cinco presidentes estén investigados, prófugos o presos por corrupción, en muchos casos el elector ha optado por la filosofía del “roba pero hace”, dándole su voto a ciertos personajes claramente comprometidos con la corrupción.

Por otro lado, confirmando la tesis del profesor estadounidense David Scott Palmer respecto de la tradición autoritaria que caracteriza al Perú desde la colonia, se ha elegido a algunos candidatos que expresan opciones autocráticas y demagógicas en temas tan importantes como seguridad ciudadana, diversidad y educación.

La fragmentación de la representación nacional en nueve partidos con bajísima participación (ninguno sobrepasa el 11%) y la irrupción en el escenario político de grupos contrarios o marginales al sistema parecen expresar una falta de entusiasmo por las opciones políticas disponibles, a la vez que un rechazo a los partidos que tradicionalmente han aspirado a llegar al poder.

Muchos pensamos que esta elección ha sido un ensayo para las generales del 2021. Más allá de lo poco o mucho que puedan hacer los nuevos congresistas con una representación tan atomizada y en un plazo tan corto, estos resultados deberían servir para asegurar que en la próxima elección seamos capaces de escoger la mejor opción, tanto en términos de integridad, como en actitud democrática y capacidad de gobierno para resolver los problemas sustanciales del país.

Debemos evitar vernos una vez más al borde del abismo como expresión de una cierta pulsión suicida que desde hace varios años nos mantiene de susto en susto, entre el cinismo y la frustración.