¿Bloqueo de celulares o de licitación?, por Gino Costa

Hace tres semanas el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior inauguraron unos bloqueadores de celulares adquiridos por el sector Interior para ser administrados por la PNP en dos penales de la costa norte: El Milagro (Trujillo) y Picsi (Chiclayo). En la ceremonia, René Cornejo aseguró que los equipos funcionaban a la perfección y que trabajaba con Interior para implementarlos en un total de 33 penales.

Cuatro días después, el congresista José León llamó desde el interior del penal El Milagro al ministro del Interior para demostrarle que los bloqueadores no estaban funcionando. Interior retrucó que el sistema aún estaba a prueba por 30 días, pero que funcionaba al 95%.

La semana pasada El Comercio informó que la adquisición tuvo carácter reservado, que se habría hecho con recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y que su costo se valorizaba en por lo menos 2 millones 800 mil nuevos soles. Lamentablemente, su utilización será provisional, por cuanto en dos semanas Pro Inversión, luego de un largo proceso que empezó a inicios del 2012, otorgará la buena pro a una empresa privada precisamente para instalar un servicio de bloqueo de las comunicaciones desde los penales.

La empresa ganadora, simultáneamente, instalará teléfonos públicos, que constituirán la única manera de comunicarse desde las cárceles con el exterior. La tarifa que cobre por el uso de estos teléfonos, descontado el servicio de telefonía, representará su utilidad. La concesionaria se obligará a mantener actualizada su tecnología y a darle mantenimiento a los equipos. Todo esto con costo cero para los contribuyentes, pues el Estado no desembolsará un sol.

Según las bases de la licitación, la concesionaria pondrá en funcionamiento el servicio en 2 años, en 33 penales: 16 el primer año y 17 el segundo. La instalación en  El Milagro y Picsi se hará en el primer año.

Si Pro Inversión, a solicitud del INPE, está por concluir la licitación de una concesión que no le costará al Tesoro Público, a santo de qué Interior o la DINI compran bloqueadores, por cifras considerables, cuyo uso en el mejor de los casos no excederá de unos meses.

Quizá esta falta de prolijidad, por decir lo menos, explique por qué sorpresivamente el presidente del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, dejó entrever el domingo de la semana pasada, en “Cuarto poder”, que su ciclo estaría finalizando. Espero que no sea así, porque él y su equipo han demostrado una inusual combinación de muñeca política, conocimiento de la difícil realidad carcelaria, capacidad de gestión e indiscutible solvencia moral.

No dudo que se respetará la próxima decisión de Pro Inversión, pero sería bueno que la PCM e Interior expliquen convincentemente lo ocurrido y hagan saber por qué se compró bloqueadores cuando ya había una licitación pública con ese propósito a punto de concluir; a quién se los compró y cuánto costaron.