“La reforma agraria decretada por el gobierno militar del general Velasco fue, sin dudas, el intento más extravagante y radical realizado por el Estado Peruano, hasta el momento, para reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los campesinos más pobres del país”.
“La reforma agraria decretada por el gobierno militar del general Velasco fue, sin dudas, el intento más extravagante y radical realizado por el Estado Peruano, hasta el momento, para reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los campesinos más pobres del país”.
Richard Webb

Director del Instituto del Perú de la USMP

En las últimas semanas hemos recibido dos veces un mismo mensaje: “Cuidado con las buenas intenciones”. Eso sí, llegaron en versiones muy diferentes. La primera consistió en un Premio Nobel de Economía otorgado a tres investigadores cuyo descubrimiento ha consistido, simplemente, en demostrar a través de experimentos sociales que “si quieres mejorar la economía o las condiciones de vida de una población, primero estudia bien cómo será recibido lo que haces”.

La segunda versión de ese mensaje llega a través de un estudio titulado “Las empresas de la reforma agraria peruana: 40 años después”, publicado por Giovanni Bonfiglio, investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. La reforma agraria decretada por el gobierno militar del general Velasco fue, sin dudas, el intento más extravagante y radical realizado por el Estado Peruano, hasta el momento, para reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los campesinos más pobres del país. Sorprende, entonces, que ni antes ni después de esa decisión sus efectos no hayan sido adecuadamente evaluados. El estudio de Bonfiglio no pretende una evaluación general de la reforma, pero sí realiza un balance de la modalidad cooperativa escogida por el gobierno militar para beneficiar a los campesinos.

Cabe explicar que la reforma se llevó a cabo en dos actos. El primero consistió en la decisión para expropiar haciendas, anunciada en el decreto de 1969. El segundo –que en realidad es el tema de Bonfiglio–, se realizó más gradualmente, empezando con la decisión de llevar a cabo el reparto no de forma individual, sino a través de cooperativas y otras formas de empresa asociativa. A fines de los años 60, el mundo vivía una etapa de entusiasmo socialista y tercermundista, impulsado en toda América Latina por la amenaza de contagio del fidelismo cubano, y en el Perú, en particular, por crecientes invasiones de tierras. Fue un contexto que favoreció la opción cooperativa, un modelo que lograba no solo el reparto, sino que además introducía un elemento anticapitalista, similar al modelo de gestión empresarial por sus propios trabajadores que se había introducido en Yugoslavia. Jaroslav Vanek, economista yugoslavo y profesor de la Universidad de Harvard, fue invitado por el gobierno militar para explicar las bondades del sistema. Pero ni antes de la medida ni en los años posteriores de su funcionamiento, los trabajadores del campo, que serían los eventuales ejecutores del nuevo sistema, fueron consultados por el gobierno.

No obstante, un economista español de la Universidad Católica en ese período, José María Caballero, conocedor de la agricultura de la sierra y entusiasta de la reforma, concibió la importancia de una evaluación del proceso años después de iniciada. Con un nutrido equipo de jóvenes profesionales, Caballero logró realizar un ambicioso estudio en 1978, llegando a casi una de cada cuatro empresas asociativas creadas por la reforma y repartidas por todo el país, buscando sobre todo las opiniones de los mismos socios y dirigentes de las nuevas cooperativas. Sin embargo, los descubrimientos de ese estudio nunca vieron la luz, por una secuela de accidentes personales del mismo Caballero, por lo menos hasta muy recientemente, cuando reaparecieron sus informes cual tesoro arqueológico.

En vista de la riqueza informativa de ese material, sobre todo por las opiniones de los mismos cooperativistas de hace 40 años, y además del hecho ya conocido de que casi la totalidad (99%) de esas cooperativas y otras empresas asociativas creadas por la reforma había cesado de operar, se decidió realizar una nueva entrevista a cada una de las empresas creadas por la reforma. Este trabajo se llevó a cabo en el 2018, cuatro décadas después de la primera entrevista. Así, el estudio de Bonfiglio viene a ser una encuesta panel, con datos antes y después, y basados en las declaraciones e interpretaciones de los mismos cooperativistas beneficiados por la reforma. El resultado es una extraordinaria base de informaciones y opiniones, antes y después, que nos permiten aprender sobre las razones y los factores que determinan el éxito o el fracaso de la gestión asociativa en el campo, un conocimiento que sigue siendo una necesidad central para su desarrollo. El factor más mencionado por esos cooperativistas para explicar la mortalidad casi total de sus empresas fue la desconfianza mutua y las repetidas acusaciones de corrupción en las dirigencias.

Idealmente, y siguiendo las enseñanzas de los premios Nobel, esta indagación se habría realizado antes o en las primeras etapas de la reforma, quizás logrando así un diseño operativo con más aceptación y duración, y con mejor defensa contra la desconfianza mutua. En todo caso, el estudio combinado de Caballero y Bonfiglio, que cubre 40 años de un ambicioso experimento social reformista, nos debe obligar a poner más atención a las bases de la confianza mutua y del control de la deshonestidad, indispensables para cualquier proyecto futuro que busca reducir la pobreza.