(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Alfredo Torres

La encuesta de Ipsos-El Comercio efectuada entre el miércoles y el viernes de esta semana, en medio de la peor crisis política del gobierno de , registra la mayor caída en su aprobación –de 27% a 18%– y lo que podría ser su última encuesta como presidente de la República si el Congreso decide destituirlo en los próximos días. Kuczynski no es, sin embargo, el único que pierde apoyo popular. Todos los líderes políticos evaluados caen, desde (de 39% a 32%) hasta Verónika Mendoza (de 26% a 23%), lo que revela un gran malestar ciudadano con toda la dirigencia política del país.

Las ganas de que “se vayan todos” se recogen en dos preguntas de la encuesta con resultados aparentemente contradictorios: de un lado, 57% quiere que Kuczynski deje el gobierno. Del otro, 61% quiere que el presidente disuelva el Congreso. A su vez, de vacar la presidencia, 67% quisiera que se convoquen nuevas elecciones generales. Es decir, de una u otra manera, la población demanda un cambio radical en la política nacional.

Este rechazo generalizado a los políticos es la consecuencia natural de la corrupción en las altas esferas del poder que el está ayudando a descubrir. Actualmente, la gran mayoría de la población cree que todos los políticos peruanos recibieron pagos ilegales de Odebrecht, desde Susana Villarán (89%) hasta Keiko Fujimori (78%) pasando por todos los ex presidentes y ahora también PPK (82%).

En ese contexto, el resultado de unas nuevas elecciones se vuelve impredecible. Según la encuesta de esta semana, Keiko Fujimori mantendría el primer lugar que obtuvo en la primera vuelta del 2016 pero con solo 27%. El segundo lugar se lo disputarían Julio Guzmán (10%) y Verónika Mendoza (9%), pero podría haber sorpresas. Por ejemplo, en la encuesta se incluyó a Kenji Fujimori, dada sus reiteradas discrepancias con su hermana mayor y obtuvo 7%. Nada mal para empezar. Pero lo más importante es que 27% respondió que no votaría por ninguno de los nombres propuestos. Es decir, hay un amplio bolsón de electores que estaría buscando una opción totalmente diferente. El riesgo es que sea un candidato antisistema, como consecuencia del descrédito de la clase política nacional.

La preferencia mayoritaria por nuevas elecciones constituye en realidad una fuga hacia adelante. Si no nos gusta el juego que tenemos entre manos, entonces que repartan de nuevo los naipes. El problema es que, si no se han cambiado las reglas de juego, no hay razones para esperar un mejor resultado en el futuro. El sistema electoral sigue abierto a la corrupción para el financiamiento de campañas. La única duda es si el espacio que deja Odebrecht será ocupado por otras organizaciones similares o por maleantes más avezados como los narcotraficantes.

A estas alturas, la caída de Kuczynski parece inevitable. Independientemente de la legalidad o ilegalidad de su conducta cuando fue ministro de Toledo y si su empresa atendió consultorías para Odebrecht, es innegable que su credibilidad ha sido profundamente dañada al haber negado reiteradamente esa vinculación. La posición de las diferentes bancadas al respecto es ya conocida y es muy improbable que sus explicaciones logren persuadirlas de que no lo destituyan.

La manera como se salga de esta crisis marcará en gran medida el futuro del país. Desde la perspectiva de buscar la estabilidad y el desarrollo, lo que más convendría al Perú no es una apresurada convocatoria a elecciones generales de resultado incierto, sino una transferencia ordenada de poder al vicepresidente Martín Vizcarra y la continuidad del Gabinete Aráoz. Si el Congreso le da un voto de confianza al nuevo gobierno y respeta, al mismo tiempo, la independencia de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial para que investiguen y sancionen a los corruptos, el país podría salir rápidamente del entrampamiento en que se encuentra.

Las crisis políticas nunca son iguales y las salidas tampoco. Ante la renuncia de Alberto Fujimori y sus vicepresidentes en el 2000, le tocó a Valentín Paniagua sacar al Perú del atolladero. La crisis actual es menos grave que la de entonces y los vicepresidentes no han renunciado ni tienen por qué hacerlo. El país solo madurará si respeta la institución de la vicepresidencia y le permite continuar con el gobierno hasta el final de su mandato, como ocurre en las democracias más avanzadas.