¿Cambia el comportamiento del gobierno?, por Fernando Rospigliosi

Varios conflictos sociales amenazaban con desbordar al gobierno los últimos días. Sin embargo, hasta ahora no ha sucedido nada que empeore la negativa evaluación que se tenía de él para enfrentar las protestas.

Los paros y movilizaciones que se realizaron en algunas regiones (Arequipa y Cusco, entre otras) contra el alza de los impuestos fueron limitados y sin mayor trascendencia. Y la huelga de un sector del magisterio tiene hasta el momento un débil respaldo.

Los antecedentes de la dupla Martín Vizcarra y César Villanueva no inspiraban ninguna confianza. Sus retrocesos con las tarifas de agua en Moquegua, los contratos de exploración petrolera en la costa y, sobre todo, el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles a los transportistas, que le costó el puesto al ministro de Economía, hacían presagiar lo peor.

No obstante, los últimos resultados hasta ahora no son malos. La amenaza más peligrosa era la huelga magisterial encabezada por Pedro Castillo, que hasta el momento viene fracasando.

El año pasado, la paralización del magisterio significó el principio del fin para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Después de más de dos meses de huelga con movilizaciones en Lima y varias regiones, cedieron en casi todo, aumentando los sueldos y postergando las evaluaciones que son parte importante de la carrera pública magisterial.

El gobierno quedó en una situación precaria y cuando era inminente la censura de la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, por el Congreso, en una jugada difícil de entender en esa situación de debilidad, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, apostó por presentar una cuestión de confianza y perdió. Tuvo que dejar el cargo junto con Martens.

En esa ocasión el gobierno fue arrastrado al desastre por la errónea política del Ministerio del Interior de terruquear a la dirigencia que conducía la huelga. Eso irritó a muchos maestros –el número de huelguistas aumentó– y le dio un argumento a Castillo, pues la ministra Martens no se podía reunir con él ni con otros dirigentes, porque supuestamente eran delincuentes terroristas.

Como dije en aquella ocasión en este Diario, “uno de los problemas es que el Ministerio del Interior (Mininter) ha policializado la respuesta al conflicto con los maestros, al acusar a ciertos dirigentes de pertenecer a organizaciones extremistas, pretendiendo impedir toda negociación con ellos. […] Policializar el tratamiento de la huelga es seleccionar con criterios policiales –que no siempre son exactos– y no políticos a los posibles interlocutores, cerrando la puerta a varios que, a juzgar por lo que está ocurriendo, tienen un significativo respaldo. […] Un gravísimo error que ha empeorado significativamente la situación de la ministra de Educación y ha comprometido al gobierno en una situación donde, cualquiera sea el resultado, saldrá perdiendo. Además de haberle regalado al Movadef una publicidad que nunca soñó” (“El extraño caso del Dr. Kuczynski y el Sr. PPK”, 19/8/2017).

Marilú Martens reconoció recientemente esa equivocación: “Se cometió el error de darle una perspectiva policial a la protesta” (El Comercio, 2/6/2018).

Esta vez el gobierno de Martín Vizcarra no ha cometido ese desatino. El ministro de Educación, Daniel Alfaro, no los ha terruqueado y se ha reunido con Pedro Castillo y otros dirigentes, al tiempo que se ha mostrado firme en no ceder a las demandas de liquidar la carrera magisterial. Por supuesto, las autoridades pueden negociar o no con algunos grupos de huelguistas, de acuerdo a su estrategia, pero es un error acusarlos falsamente de ser terroristas y bloquear de antemano cualquier posibilidad de diálogo.

El otro factor que ha influido en que ahora la huelga magisterial carezca del respaldo que tuvo el año pasado es lo que ha señalado el ex ministro Idel Vexler: en esa ocasión obtuvieron varias de sus reivindicaciones y no parece razonable otra paralización tan cercana a la anterior (“La República”, 20/6/2018).

En realidad, un objetivo primordial de Castillo y sus seguidores es desbancar a la dirigencia del Sutep (Patria Roja) que se mantiene artificialmente en el control del sindicato reconocido legalmente a pesar de que ha perdido el respaldo de la mayoría. Es decir, se trata de una lucha de cúpulas por el poder en la cual utilizan las necesidades reales de los maestros, cuyos salarios y condiciones de trabajo son insuficientes.

En suma, habrá que ver si se trata de una rectificación del comportamiento del gobierno de ceder ante cualquier amenaza o es un hecho aislado. En el terreno político el presidente Vizcarra ha tenido también un gesto al impugnar la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Podría tratarse, entonces, de un cambio de actitud incentivado por la preocupante caída en las encuestas.