Desacuerdo con Odebrecht, por Fernando Rospigliosi

Los fiscales que tienen a su cargo el Caso Lava Jato habían anunciado la firma del acuerdo con Odebrecht para el 11 de enero, después para fines de ese mes, luego para la primera semana de febrero y ahora para mediados de febrero. Han argüido distintas justificaciones para explicar las postergaciones. Entretanto, las objeciones al convenio han seguido creciendo.

La última, la del fiscal que tuvo a su cargo una parte de la investigación hasta julio del 2018, Hamilton Castro, que fue largamente vapuleado y desacreditado en su momento. Castro dice, básicamente, que no se pudo avanzar en la investigación porque la empresa incumplió el primer preacuerdo de principios del 2017. Pero gracias a ese convenio que parecía haber encaminado las negociaciones, Odebrecht pudo vender la hidroeléctrica de Chaglla por US$1.200 millones y también evitar que los bancos acreedores los forzaran a la quiebra. Habiendo conseguido eso, empezaron a eludir los términos del acuerdo y frustrar su concreción, siguiendo la línea de lo dicho por Hamilton Castro.

Este fiscal tuvo dos problemas, además de sus propias vacilaciones, errores y demoras. El primero, su enfrentamiento con el otro fiscal con el que compartía la investigación, Rafael Vela, que jerárquicamente era superior suyo pero funcionalmente había sido colocado al mismo nivel. Vela, un magistrado hábil y ambicioso, quería ser el único jefe de la investigación más importante y con más exposición pública y, al parecer, contribuyó a desacreditar a su colega. Con un olfato que tiene poco que envidiar al del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se ubicó en el bando ganador.

La segunda dificultad es que se malquistó desde el principio con un influyente periodista que campea en la fiscalía. A los pocos días de nombrado Hamilton Castro, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le pidió que conversara con el personaje. El encuentro se efectuó en la sala de reuniones, al lado de la oficina de Sánchez. El periodista, que estaba con su asistenta, parecía escribir en su laptop mientras interrogaba y deslizaba orientaciones a Castro, hasta que por error apretó la tecla equivocada y el fiscal empezó a escuchar su propia voz. Lo estaba grabando sin su consentimiento. Castro dio por terminada la reunión y nunca más aceptó las sugerencias de Pablo Sánchez de volver a reunirse con el omnipresente individuo. Eso, por supuesto, tuvo consecuencias para él.

Se suponía que una de las condiciones del preacuerdo era que los funcionarios de Odebrecht dijeran toda la verdad, pero todo indica que no lo hicieron. Admitieron haber pagado sobornos por US$29 millones, pero ya hay evidencias de que ha sido mucho más. El abogado César Azabache ha contabilizado más de US$50 millones en coimas, sin considerar lo que entregaron para campañas electorales. (Portal Lampadia, 7/2/19). Tampoco incluye los casi US$10 millones de soborno por la Interoceánica Norte que se pagaron a través de las cuentas de Josef Maiman, información oficial llegada desde Suiza y en poder de la fiscalía desde el año pasado. (“Hildebrandt en sus trece”, 16/11/18).

Si incumplieron su compromiso, ¿esa no es una ventaja que los fiscales peruanos deberían usar para obtener más información y no solamente atenerse a lo que ellos están dispuestos a confesar y a pagar? ¿No era que si no decían toda la verdad desaparecía su inmunidad en Brasil? Y si han mentido antes con toda impunidad, ¿por qué no lo seguirán haciendo ahora?

Ellos solamente han admitido coimas en cuatro proyectos y los fiscales peruanos gentilmente han aceptado eso. Por ejemplo, no está el más grande de todos, el Gasoducto Sur Peruano, en el que “se habría repartido la mayor cantidad de sobornos”. (Manuel Romero Caro, “Gestión”, 28/1/19).

La reparación civil es otro punto que ha sido ampliamente cuestionado. Pagarían S/610 millones en 15 años sin intereses, lo que a valor presente equivale a unos S/281 millones, unos US$85 millones al cambio actual. (Aldo Mariátegui, “Perú21”, 29/1/19). En Estados Unidos, donde Odebrecht no gratificó a funcionarios ni realizó obras, va a pagar US$2.600 millones en multas por haber utilizado su sistema financiero para operaciones ilegales.

Pero sin ir tan lejos, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, declaró en noviembre del año pasado que de la venta de Chaglla, US$320 millones serían para el Estado como reparación civil. Entre esos 320 millones y los exiguos 85 millones que los fiscales y el gobierno de Martín Vizcarra, a través del procurador, han acordado, hay una enorme diferencia.

El vizcarrismo trata de distraer la atención anunciando grandes revelaciones en los próximos días –ojalá que se produzcan–, encubriendo lo minúsculo del acuerdo en relación con lo que realmente debería conocerse y cobrarse.