¿Cerrar el Congreso?, por Enrique Bernales

Durante su primer período presidencial (1963-1968), Fernando Belaunde Terry recibió no pocas presiones de allegados que le pedían cerrar el Congreso. Razonaban que esa sería una manera de detener la tenaz oposición de la mayoría apro-odriista que le dificultaba gobernar al censurar a muchos de sus ministros. No obstante, el presidente, con cabal sentido de responsabilidad democrática, rechazó esas peticiones que hubieran ilegitimizado su gobierno. Fue un ejemplo histórico de cómo debe comportarse un presidente y un gobierno que respeta la Constitución.  

Han transcurrido muchos años pero no deja de llamar la atención que sea Yonhy Lescano, precisamente un congresista de Acción Popular (es decir, del partido que fundó Fernando Belaunde Terry), una de las personas que más destacadamente se empeña en pedir el cierre del Congreso y la inmediata convocatoria a elecciones. 

Digo que llama la atención porque la línea histórica de Acción Popular, trazada por Fernando Belaunde Terry, se caracteriza por su comportamiento democrático y de respeto a la Constitución. Pero basta analizar con serenidad cómo se resolvió la crisis política derivada de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República para concluir que la solución que permitió una sucesión conforme a la Constitución fue la adecuada y la de menor costo para el país.  

Hoy Martín Vizcarra es el presidente constitucional a justo título y continuará en funciones el Parlamento elegido en las elecciones del 2016, con un mandato que termina el 2021. Es de desear que esta continuidad sea garantía de que nuestro país va alcanzando estabilidad democrática, hecho que es altamente positivo a pesar de los errores que puedan detectarse tanto en el Gobierno como en el Congreso. 

Ahora bien, es notorio que el Congreso no funciona adecuadamente. Es la consecuencia del debilitamiento extremo de los partidos políticos que lo conforman, de la deficiente composición de las listas de candidatos, del voto preferencial, de una cifra repartidora que tiene años y no se ha modificado, del doble error que contiene el artículo 90 de la Constitución (que dispone la cámara única y el número fijo de 130 congresistas, que no puede variar aunque la población crezca de modo continuo). Si a ello sumamos las pobres relaciones Ejecutivo-Legislativo, que se agravan cada vez que los gobiernos son débiles, tendremos finalmente una imagen fidedigna de por qué funciona mal el Congreso, sin necesidad de incurrir en odios y antis que a nada bueno conducen. 

Hay quienes dicen que la solución es cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones. ¿Para qué? No veo cómo podría esperarse una mejor composición del Congreso si las organizaciones políticas siguen siendo las mismas, la legislatura electoral básicamente la que actualmente está en vigencia y no se avistan para el corto plazo modificaciones sustantivas en lo que se refiere a partidos y al Poder Legislativo. 

Así las cosas, pedir el cierre del Congreso puede tener impacto emocional, pero carecerá de racionalidad por los siguientes motivos:  

Primero, porque generaría un fuerte vacío de poder que también afectaría al Ejecutivo y a la gobernabilidad del país en general. Segundo, porque el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones deben hacerse no por mero voluntarismo populista sino de acuerdo a lo que regula con extremo cuidado la Constitución. La Carta Magna precisa requisitos como el de los dos votos de no confianza o de censura a dos gabinetes para que el presidente de la República pueda disolver el Congreso y convoque nuevas elecciones (artículo 134 C).  

En tercer lugar, porque de nada serviría cerrar el Congreso si no existen nuevas condiciones. Sería probablemente una reelección de las mismas personas que actualmente son congresistas. 

¿Es qué no hemos aprendido nada de la constante declinación del Parlamento en cada período de este ciclo democrático que vive el Perú? Calma, pues, no hay que jugar al agravamiento de la crisis política. Debemos dejar que el gobierno gobierne y que el Congreso haga el esfuerzo de una sana y eficaz autocrítica.