(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Hugo Coya

Periodista

Desde la divulgación del primer audio, el Perú es testigo de un concierto disonante, lamentable, espeluznante, que sospechábamos se ejecutaba hace largo tiempo detrás de los bastidores de las esferas judiciales y que ahora sabemos, con absoluta certeza, estaba frente a nuestras narices, que quizás nos negábamos a ver, a escuchar, a pesar de la estridencia de sus acordes. Hoy conocemos que resultaron tímidas las suspicacias y dudas ante una realidad tan escandalosa como descarnada.

Juristas de fuste han hallado fuertes indicios de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho, entre otros delitos en los audios divulgados desde el 7 de julio por IDL-Reporteros y otros medios de comunicación. Consideraciones legales aparte, hay un hecho, a mi modo de ver, tan o más grave en las recientes revelaciones.

La manifestación expresa de este repugnante tinglado ha puesto también al descubierto el absoluto desprecio de algunos fiscales y magistrados hacia los ciudadanos que recurren a los tribunales sin sospechar que la justicia no saldrá del parecer ecuánime del juzgador, de un artículo del Código Penal o Civil, de los argumentos sólidos de su causa, sino del número y las denominaciones de un puñado de billetes.

Resulta imposible no indignarse al escuchar la conversación condescendiente del juez que indaga acerca del desfloramiento de una niña de 11 años que había sido violada, para buscar un resquicio, supuestamente válido, que le permita dejar en libertad o aminorar la condena a su agresor.

No menos abominables son otros fallos puestos bajo la lupa en los últimos días, gracias a la labor de la prensa, como la eliminación de una condena a un padre que violó a su hija de 16 años porque no hubo violencia ni ofreció resistencia, sin considerar que la víctima se encontraba durmiendo y que el propio abuelo de la infortunada joven fue testigo del abominable hecho.

Otro caso aberrante es la anulación de la sentencia a un sujeto que le propinó una patada en el vientre a su pareja, quien perdió a la criatura que llevaba en sus entrañas y luego falleció. La justificación para declararlo inocente resulta simplemente aterradora. Como si se tratase de un relato de ciencia ficción o un libreto del más visceral humor negro, se señaló que existía una duda razonable en este caso debido a que no se sabía si la persona perdió la vida por la patada o por el aborto que la patada le provocó.

Tratar de entender cómo llegamos hasta aquí, cómo los responsables de impartir justicia se encaramaron en esos puestos o cómo permitimos que todo esto pasara, no resulta una tarea sencilla. Sería muy fácil apelar a Publio Siro, poeta famoso durante el Imperio Romano, que preconizaba que “la absolución del culpable es la condena del juez”.

Así podríamos intentar explicar en palabras sencillas lo que, a todas luces, resulta inexplicable en una sociedad que se proclama democrática, libre y que debería tener en todas sus filas a hombres probos en la administración de justicia.

Sin embargo, los culpables de estas falencias no solo son ellos, sino también quienes compartieron sus decisiones, aquellos que los designaron en esos puestos, los políticos que aprobaron las leyes que permitieron contar con examinadores ajenos al quehacer jurídico y nosotros, los ciudadanos en general, con nuestra propia indiferencia.

Quizás si hubiéramos permanecido más alertas les habría sido menos fácil dar fallos judiciales que no se ajustan a la ley, se realizarían menos concursos en los que los conocimientos de la receta del cebiche de pato sean tomados en cuenta para ser nombrado fiscal o juez, no se prodigarían tantos títulos profesionales hechos a medida o grados honoríficos para saltarse la garrocha de las exigencias en los concursos públicos, y no serían tan frecuentes designaciones, nombramientos, ascensos laborales, contrataciones, convenios y hasta prácticas preprofesionales para intercambiar favores, recibir “verdecitos” o cualquier otro tipo de prebenda.

Tampoco nos obligarían a descubrir ahora que tenemos magistrados que son personas reales y, al mismo tiempo, caricaturas de sí mismas, ridículamente histriónicas, protagonistas del espectáculo visual, sonoro y gestual tan pobre, tan grotesco al cual asistimos desde los últimos días.

Por eso ha llegado el momento de aprender de esta crisis y tomar medidas definitivas. Rechazar la en cualquiera de sus instancias, investigar y castigar a todos los responsables de estas infamias. También hay que reflexionar acerca de los pequeños actos que realizamos cada día, que justificamos y que creemos no nos obligan a responder al tribunal de la moralidad, de los valores cívicos, de nuestra propia conciencia.

Aquella que se reproduce al colocar un billete junto al brevete a la hora que el policía solicita la documentación por haber cometido una falta de tránsito, cuando se trata de esquivar la congestión vehicular manejando en sentido contrario en una rampa de la Vía Expresa, en el instante en que se apropia de la clave de Internet del vecino, cuando se pide una recomendación al funcionario para que desista de cumplir con los parámetros de la ley en nuestro beneficio.

Solo así iniciaremos, de verdad, el proceso de poner freno a esta corrupción que se luce indomable y combatirla en todos los frentes. Solo así podremos abandonar este concierto disonante que repite el sonsonete de la vergüenza ajena y construiremos un país donde todos seamos iguales al contar con un sistema de justicia saludable, impoluta, una justicia que responda a los intereses de los ciudadanos y no a las apetencias subalternas. Es cierto, no desaparecerá del todo, pero a los corruptos les será más difícil cometer tan impunemente sus fechorías.

Esa sería quizás la mejor herencia que podríamos y deberíamos dejar a las futuras generaciones.