(Foto: Archivo)
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Federico Salazar

Los esfuerzos de lucha contra la corrupción son, hasta donde se ve, inútiles.

Un vocal supremo es detectado hablando de un caso de violación de una niña como si fuera un tarifario. Un vocal superior pide “verdecitos” para favorecer el nombramiento de un fiscal. Un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pide privilegios para su esposa.

Así funcionan las cosas en las más altas instituciones del país. Es inaudito saber que, además, ninguna autoridad asume responsabilidad sobre los hechos.

El vocal supremo César Hinostroza, por ejemplo, dijo que no cometió delito, por lo que no iba a renunciar. Más bien, se fue de vacaciones.

El titular de la Corte Superior del Callao pidió “diez verdecitos” como garantía para favorecer la designación de un fiscal. Al final, solo al final, renunció. No nos contó, sin embargo, sobre el tráfico de influencias al que se dedicaba.

El jefe de la ONPE, cuestionado por favorecer a un partido político, tampoco va a renunciar. Dice que renunciar sería admitir culpabilidad.

La misma respuesta dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez. “Renunciar es aceptar que hice algo ilícito y no lo hice”, declaró a El Comercio (14.7.18, p. 6).

La crisis moral es tan honda que ninguno de los involucrados parece darse cuenta de que sus defensas legalistas no sirven. El mismo doctor Rodríguez admite que “bajamos la guardia en la lucha contra la corrupción”. No cree que él deba responder por eso.

Bajar la guardia contra la corrupción en un almacén de ropa usada es una cosa. Otra, muy distinta, en el máximo organismo de justicia del país.

La corrupción en el Poder Judicial significa sentencias amañadas y vendidas como mercancía. Quiere decir destrucción de los derechos de las personas. Impunidad para delincuentes e injusticia para los que no pagan coimas.

El presidente del Poder Judicial debe velar por la administración de justicia. Si, en cambio, vela por la injusticia, debe dar un paso al costado.

El señor Duberlí Rodríguez debe renunciar. No porque sea culpable de algún delito. Debe hacerlo porque bajo su mando se han cometido infinidad de delitos contra los derechos más elementales de los ciudadanos.

Lo mismo sucede en el CNM. Deberían renunciar todos. Que un inmoral de baja estofa como Iván Noguera sea parte de ese Consejo es suficiente.

Todos recordamos cuando el CNM, en el 2015, nombró a Alfredo Quispe Pariona, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lo hizo a pesar de su amplio historial.

Quispe Pariona tuvo un proceso administrativo por hostigamiento sexual contra alumnas. Reconoció que hacía negocios con el rector de esa casa de estudios.

El consejero Guido Aguila lo defendió hasta donde pudo, incluyendo un comunicado del CNM. Luego tuvo que rectificarse por la presión de los medios. Su defensa del agresor sexual nos reveló la catadura moral de Aguila.

Quispe Pariona, al ser vacado, dejó un mensaje. “Todos en el CNM tienen rabo de paja”. Si en ese momento hubieran renunciado los defensores de Quispe Pariona, quizá no habríamos llegado a la depravación actual.

Cuando se asume una responsabilidad moral, no se tiene miedo a las indagaciones. Si un alto funcionario es cuestionado, debe dimitir para que sea investigada su acción o su omisión.

El presidente de la Corte Suprema defiende que los magistrados reciban entradas para los partidos de fútbol. Parece un detalle, pero es sumamente expresivo.

Los magistrados no pueden recibir regalos de nadie. Es increíble que tengamos que explicárselo ¡al presidente del Poder Judicial!

En la Corte Suprema no tienen idea de la etiqueta mínima de un magistrado. No tienen idea, tampoco, de lo que significan para la ciudadanía los hechos revelados.

¡Y todavía se quejan de una reforma que no la haga el propio Poder Judicial! “Aceptar que toda reforma viene de afuera huele a intervencionismo”, dice Duberlí Rodríguez.

¡Claro que es intervencionismo! Se debe intervenir al que no cumple su tarea, al que deja pasar no un error sino un sistema de delitos en sus narices.

Las renuncias no solucionarán el problema, pero son parte de la responsabilidad moral.