(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Andrés Oppenheimer

Cuando en una reciente entrevista le pregunté al presidente nicaragüense cómo se siente cuando lo llaman dictador, se encogió de hombros y respondió –inmutable–: “He aprendido a no molestarme cuando escucho mentiras”. Sin embargo, sus más recientes acciones contra la libertad de prensa en Nicaragua muestran que quienes lo llaman dictador podrían no estar diciendo mentiras.

El 14 de diciembre, la policía de Ortega allanó las oficinas del periodista independiente más conocido de , Carlos Fernando Chamorro, editor del semanario “Confidencial” y presentador del programa de televisión “Esta semana”. La policía irrumpió en el edificio sin una orden judicial y se llevó consigo computadoras y documentos privados, denunció Chamorro.
Además de las oficinas de Chamorro, la policía ocupó las instalaciones de más de media docena de ONG, como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. La mayoría de ellas son grupos que han alzado su voz contra el régimen de Ortega tras la brutal represión de las protestas antigubernamentales que han dejado más de 325 muertos desde abril.

Las protestas exigen la renuncia de Ortega, que ha estado en el poder desde el 2007 y que ha acaparado poderes casi absolutos. Sus recientes elecciones han emulado el estilo venezolano: utilizando todo tipo de triquiñuelas legales y recursos estatales para ganar.
La nueva ola de represión contra las instituciones independientes empeorará la crisis política y económica de Nicaragua.

Contrariamente a la afirmación de Ortega en la entrevista que le hice en julio de que la economía del país se estaba encaminando hacia una “normalización” total, Nicaragua está descendiendo rápidamente al colapso económico.

Según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Nicaragua (Funides), un grupo no gubernamental del sector privado, la economía de Nicaragua –que se proyectaba crecer al 5% este año antes de las protestas de abril– finalizará en el 2018 con una tasa de crecimiento de -4%. En el 2019, se espera que la economía caiga aún más, a una tasa de entre -7% y -10%.

Cerca de 120.000 nicaragüenses han perdido sus empleos desde abril, casi el 20% de la fuerza laboral del país, y esa cifra podría duplicarse el próximo año, dice Funides. Unos 50.000 nicaragüenses ya han huido hacia Costa Rica.

El presidente de Funides, Juan Sebastián Chamorro, me dijo que las sanciones más recientes del gobierno de Donald Trump contra Nicaragua acelerarán la caída económica del país.

Además de las sanciones individuales de EE.UU. contra altos funcionarios nicaragüenses, el Congreso estadounidense aprobó, a principios de este mes, la llamada “Nica Act” destinada a cortar los préstamos de instituciones financieras internacionales –como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo– al país centroamericano. Se espera que Trump firme el proyecto de ley en breve.

El empresariado de Nicaragua, que hasta hace poco respaldaba tácitamente a Ortega y que se oponía a las sanciones de EE.UU., ahora las apoya. Un número creciente de empresarios ahora está de acuerdo en que, a menos de que Ortega sienta la presión de EE.UU. para negociar un acuerdo con la oposición, se aferrará al poder por tiempo indefinido, con lo que el país no saldrá de la crisis.

Nicaragua es un país completamente diferente a Venezuela. No tenemos petróleo y necesitamos préstamos extranjeros e inversiones del sector privado”, me dijo el presidente de Funides.

Eso es cierto. Pero, a juzgar por la cara de piedra de Ortega cuando le pregunté si le molestaba que lo llamaran un dictador, sospecho que tomará algún tiempo, y muchas penurias, convencerlo de que negocie un acuerdo político que conduzca a elecciones libres y a la reactivación de la economía. Me temo que antes de que las cosas mejoren en Nicaragua, se van a poner mucho peor.

–Glosado y editado–
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