¿Cómo la constituyente resolverá nuestros problemas?

Mientras la crisis social, política y económica continúa, el Gobierno nos distrae con una convocatoria a una asamblea constituyente presentada sin el respaldo del Consejo de Ministros. El Gobierno no solo destruye la poca institucionalidad que existía, sino que lo hace aceleradamente, sin que los otros poderes del Estado puedan limitarlo y ser el contrapeso que la Constitución manda.

El Estado Peruano no tiene la capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos ni para imponer un Estado de derecho. El desgobierno es tangible, por ejemplo, en el manejo de los conflictos sociales, con el copamiento del Estado por personas sin capacidad y que responden a intereses de grupos informales y del crimen organizado.

Las Bambas lleva 14 días paralizada y el Gobierno no tiene una estrategia para resolver el problema que lleva costándole a Apurímac, solo en canon y regalías, más de S/100 millones. Apurímac tiene aproximadamente 454 mil habitantes, el equivalente al 1,4% de la población del Perú. En las provincias de Cotabambas y Grau, donde se encuentra el yacimiento minero Las Bambas, viven 56.000 y 23.500 personas, respectivamente. Apurímac es una de las regiones con mayor reducción de pobreza, pasando de 70% en el 2004 a 29% en el 2019. Sin embargo, las políticas para enfrentar el COVID-19 han representado un retroceso importante para Apurímac: la pobreza se incrementó a 36%, con lo cual más de 32.000 apurimeños volvieron a caer en ella; el 89% de la población desarrolla sus actividades en la informalidad; y solo el 41% de la población en pobreza tiene secundaria completa. Y si bien el 96% tiene acceso a agua por red pública (sea dentro de la vivienda, fuera de la vivienda o por pilón de uso público), solo el 38% tiene acceso a agua potable por red pública y el 50% a redes de alcantarillado. Uno de cada cinco niños en Apurímac sufre de desnutrición crónica infantil y el 50% de niños menores de tres años sufre de anemia. La desnutrición y la anemia tienen un impacto severo en el desarrollo cognitivo, motor y de comportamiento de los niños que se traduce en consecuencias negativas en logros educativos, desarrollo del capital humano, productividad y en su calidad de vida. De acuerdo con la ECE 2018, solo el 6,6% de los estudiantes de segundo de secundaria tiene un resultado satisfactorio en matemáticas.

Lo cierto es que la demanda social por acceso a servicios básicos, a infraestructura, a una vivienda digna y a un trabajo que les permita bienestar y progreso para ellos y sus familias es real y urgente. La mayor barrera para resolver las necesidades ciudadanas es la descentralización, que transfirió funciones y recursos sin asegurar la capacidad de los gobiernos regionales y locales para proveer servicios públicos de calidad. En el 2021, la región ejecutó solo el 71% de su presupuesto. Y así, Castillo obtuvo en la primera vuelta del 2021 el 53,4% de los votos válidos de Apurímac y 80% en la segunda vuelta.

La incapacidad del Estado para brindar servicios mínimos y la falta de una representación política real (sin partidos y con políticos de dudosa reputación) hace que la población demande soluciones a la empresa privada, convirtiendo la violencia en un mecanismo válido de negociación y en un lucrativo negocio para quienes lideran a las comunidades. Los más de 470 comuneros de Fuerabamba, y que invadieron las instalaciones de la empresa, recibieron entre S/500.000 y S/1,6 millones, además de 4.200 hectáreas en Nueva Fuerabamba, con casas de tres pisos con servicios básicos, posta médica, politécnico, centro comunal, plaza de toros, estadio de fútbol y camal, según el Acuerdo de Reasentamiento firmado en el 2004. De hecho, el presidente de la comunidad, que ha anunciado que no se presentará a la mesa de diálogo convocada por el gobierno, recibió más de S/1,5 millones (“La República”, 1/5/22).

Iniciemos el diálogo: ¿cómo la asamblea constituyente propuesta por Pedro Castillo y secundada por Verónika Mendoza resolverá los problemas de los apurimeños? Y ¿qué podemos hacer desde el sector privado?