Según la encuesta de agosto de El Comercio-Ipsos, dos de cada tres peruanos están informados acerca de los audios difundidos por la prensa. (Foto: USI)
Según la encuesta de agosto de El Comercio-Ipsos, dos de cada tres peruanos están informados acerca de los audios difundidos por la prensa. (Foto: USI)
Federico Salazar

Periodista

Hay que felicitar al presidente , sin duda, por haber ganado la partida a la poderosa mayoría fujimorista en el . Lamentablemente, la partida se ha ganado por gusto.

El gobierno ha sabido treparse a la ola de rechazo de la ciudadanía contra los políticos. Parte clave de su éxito ha sido la propuesta de no reelección de los congresistas.

La no reelección de congresistas convoca el aplauso, pero no cambia el sistema que hace que elijamos mal. Lo mismo sucede con las otras reformas propuestas.

La bicameralidad, por dar otro ejemplo, trae un aire de democracia, pero no garantiza una buena elección de representantes. Es una ilusión pensar que tener dos cámaras cambiará nuestro criterio en las urnas.

Las modificaciones a lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura () tampoco cierran el paso a la corrupción.
El Congreso aceptó la iniciativa del Ejecutivo y aprobó la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esta es la reforma más avanzada.

Los cambios aprobados muestran las limitaciones que padecen vencedores y vencidos de este pulseo político.

Ambos poderes del Estado han aprobado, entre otras cosas, exigir un “voto público y motivado” en el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales (art. 154).

¿En verdad creen que la publicidad y la motivación cierran el paso a la arbitrariedad? Quien cree eso vive en otro país. ¿Acaso no fueron públicos y estuvieron motivados, por dar un caso, votos de magistrados como Hinostroza o Ríos, en sus jurisdicciones?

Otra modificación constitucional se refiere a la destitución de jueces y fiscales supremos. Ya no quedan en manos del Congreso. Quedan ¡en manos del CNM!

Más poder para el CNM, con menos control, pues dicha destitución será “inimpugnable”. Nada dice de defensas o debidos procesos.
La modificación constitucional del artículo 154 cierra de manera espléndida: es función del CNM presentar “un informe anual al pleno del Congreso”.

¿Tenemos Constitución para que diga que la entidad X debe presentar un informe anual a la entidad Z? ¿Qué poder disuasivo o represivo de la corrupción puede tener eso?

¿Quieren modificar la Constitución para consagrar el papeleo y el reglamentarismo? El papeleo absurdo y el reglamentarismo burocrático, más bien, facilitan la corrupción.

Los miembros del CNM serán elegidos por concurso público de méritos. ¿Eso nos libra de los corruptos? Los corruptos ¿son personas que nunca tienen méritos académicos? ¿No hay ningún doctor entre los corruptos?

¡Qué feliz hallazgo! Exijamos títulos y sanseacabó la corrupción.
Este concurso público estará a cargo de una comisión especial. La conformarán el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor de la República y rectores elegidos de las universidades públicas y privadas con más de 50 años de antigüedad.

¿Qué hará ahí el defensor del Pueblo? ¿Qué tienen que ver los representantes de las universidades?

Con esta reforma, podrían ser miembros de la “comisión especial” los que llegaran a puestos encumbrados. Llegó a fiscal de la Nación el fiscal Carlos Ramos Heredia, presuntamente vinculado con la red de corrupción de César Álvarez, de Áncash. Llegó a contralor general de la República Edgar Alarcón, que coaccionó a un subalterno, grabó subrepticiamente a un ministro de Estado y benefició a sus hijos en negocios nunca esclarecidos.

La reforma señala que la selección de los consejeros se hace según una ley especial y con la ayuda de una secretaría técnica especializada. “El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia”.

Van a cambiar la Constitución para declarar “habrá probidad”. Y la habrá porque ahí lo dice, no por nada más.

La Constitución no debe ser un recetario de buenos deseos o un rosario de declaraciones retóricas.

Si la reforma constitucional se usa para esto, en poco tiempo perderá legitimidad y prestigio. Si las reformas dejan este sedimento de palabrería vacua e inútil, el público desconfiará no solo de los políticos sino también del orden constitucional.

La oportunidad de un cambio institucional ya se perdió, pero hay que evitar que vencedores y vencidos acaben con la Constitución.