(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Torres

En enero de este año se aprobó una ley para impedir postular en las elecciones a sentenciados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual. Fue una buena noticia. Actualmente, sin embargo, existen en el Congreso dos proyectos de ley que plantean ampliar esa prohibición, pero no para personas sentenciadas por otro delito, sino para quienes no estén inscritas en el partido por el que aspiran a competir en los tres años previos a la elección.

Los proyectos de ley han sido presentados por los congresistas del Apra y de Alianza para el Progreso (APP) . De prosperar alguna de estas iniciativas dejarían fuera de competencia a los precandidatos y , quienes –casualmente– ocupan el segundo y tercer lugar en las últimas encuestas de intención de voto presidencial, ya que ni el partido morado ni Nuevo Perú cuentan aún con inscripción oficial. Pero lo más significativo es que dejarían fuera de la contienda al candidato ganador de la mayoría de las últimas elecciones generales: el ‘outsider’.

En efecto, tanto Alberto Fujimori en 1990 como posteriormente Alejandro Toledo y Ollanta Humala –y, en alguna medida, Pedro Pablo Kuczynski– surgieron en política como candidatos al margen de los partidos tradicionales. Como se sabe, los ‘outsiders’ aparecen en política cuando los partidos están muy desprestigiados. No hay razón para pensar que no volverán a aparecer con fuerza en las elecciones del 2021.

La encuesta de Ipsos para El Comercio de la semana pasada reveló que en los últimos cuatro meses el apoyo a Keiko Fujimori cayó de 27% a 15% como consecuencia de la guerra fratricida con su hermano Kenji, derivada del indulto a su padre; los demás candidatos que participaron en las últimas elecciones (Mendoza, Barnechea, Acuña, García y Santos) recibieron en conjunto el 32% de las preferencias; y más de la mitad de los entrevistados se distribuyó en otras opciones, incluyendo el voto en blanco/viciado. Es decir, más de la mitad del país está abierto a considerar votar por una nueva alternativa.

Las motivaciones de Mulder y Acuña para promover esta prohibición pueden ser diferentes. En el primer caso, podría ser su preocupación por el futuro del Apra. Con Alan García de candidato el partido pasó ajustadamente la valla electoral. Sin García de candidato el riesgo es que no pasen la valla y queden fuera del Congreso, salvo que estén pensando participar en alianza con Fuerza Popular. En el caso de Acuña, quizá cree que si los nuevos candidatos quedan fuera, APP podría ocupar ese espacio presentándose como un partido más joven que los tradicionales.

La mayoría de juristas consultados coincide en que establecer un tiempo de militancia mínima para poder postular violaría la Constitución. El derecho a ser candidato está en la esencia de la democracia. La ley puede impedir ciertas candidaturas –como a los sentenciados por terrorismo– pero no imponer arbitrariamente otras restricciones. De aprobarse esta iniciativa, no sería posible, por ejemplo, la candidatura de un independiente, como ocurrió con José Luis Bustamante y Rivero, que fue elegido presidente en 1945 con los votos del Apra.

Sin duda, sería saludable para nuestra maltratada democracia contar con partidos políticos más fuertes y no estar cada elección con el riesgo de que surja, una vez más, un candidato improvisado sin un equipo político cohesionado. Pero para que eso sea posible los principales partidos deberían dar el ejemplo en, al menos, dos frentes: selección de sus postulantes a cargos públicos y democracia interna para la elección de sus autoridades.

En cuanto a lo primero, el Congreso actual es un ejemplo lamentable de que muchos partidos no hicieron bien su tarea. Tres congresistas –uno de APP, uno de Fuerza Popular y uno del Frente Amplio– tienen condenas con prisión efectiva y no las cumplen porque el Congreso los protege. Y hay otros congresistas investigados por mentir en sus hojas de vida sobre sus estudios, tener procesos por lavado de activos y hasta vínculos con el narcotráfico, especialmente en Fuerza Popular.

A su vez, la mayoría de partidos no practica la democracia interna ni reconoce plenamente la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Así ocurrió recientemente en el partido aprista. En la elección de sus autoridades se cometieron diversas irregularidades y el JNE declaró nula la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional del partido. El vocero de la bancada aprista, Jorge del Castillo, aplaudió la decisión del JNE por considerar que hubo un “fraude vergonzoso” y las cuestionadas autoridades de su partido lo declararon insólitamente persona non grata.

Si los partidos quieren impedir que surjan nuevos ‘outsiders’, deben trabajar en una renovación integral que traiga un cambio de actitudes y conductas, especialmente en el contexto del escándalo Lava Jato. Una ley que pretenda impedir la postulación de candidatos de nuevas agrupaciones solo generará más rechazo en la opinión pública.