Galarreta consideró vergonzoso dedicarle tiempo a una compra que “está dentro del marco legal y está transparentada”. (Foto: Archivo El Comercio)
Galarreta consideró vergonzoso dedicarle tiempo a una compra que “está dentro del marco legal y está transparentada”. (Foto: Archivo El Comercio)
Fernando Rospigliosi

Las durísimas palabras de monseñor Pedro Barreto, obispo de Huancayo y próximo cardenal del Perú, marcan, sin duda, un nuevo rumbo de un sector de la Iglesia Católica, pero, más importante aun, reflejan el sentir de una parte significativa de la opinión pública.

“El de la República –con algunas excepciones, lógicamente– está de espaldas a la realidad del Perú. Y estar de espaldas a la realidad del Perú significa corrupción, una corrupción que definitivamente no debemos aceptar porque es un poder del Estado”, dijo Barreto el miércoles pasado, casi simultáneamente con la ceremonia en la que el presidente del Congreso, , condecoraba, en un publicitado evento, al cardenal Juan Luis Cipriani, quien, como es obvio, no concuerda con la opinión de su colega (“Correo”, 31/5/2018).

En verdad, el Congreso ha hecho méritos en el último tiempo para ganarse epítetos tan fuertes. Las destempladas declaraciones de Galarreta contra medios de comunicación y periodistas han empeorado la situación, provocando no solo un rechazo masivo de organizaciones nacionales e internacionales y de los medios, sino incentivando al periodismo a investigar y destacar los posibles errores, dispendios y casos de corrupción que se encuentren en el Parlamento.

Es sorprendente que un político recorrido y experimentado como Galarreta se haya dejado llevar por la ira y reaccionado con un berrinche como el que tuvo cuando amenazó con la ley Mulder, que prohíbe publicidad estatal en los medios, como represalia a informaciones sobre los gastos excesivos del Congreso. Quedó claro que el propósito de la ley no es cautelar los dineros del Estado, sino una revancha contra los medios que algunos políticos consideran adversarios suyos.

Peor todavía, en lugar de reconocer su equivocación, Galarreta se ha reafirmado y añadido insultos groseros contra uno de sus críticos, Augusto Álvarez Rodrich, presidente del Instituto de Prensa y Sociedad y periodista de reconocida trayectoria.

Es impresionante cómo los congresistas viven el mismo síndrome que padecía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) –y varios gobiernos– de habitar en una burbuja aislada de la realidad. Cuando el gobierno de Martín Vizcarra, aduciendo el peligro de un déficit fiscal preocupante, pregona una política de austeridad y realiza un duro ajuste que implica aumento de impuestos, alzas de precios y despidos de trabajadores estatales, el Congreso realiza gastos que suenan ofensivos a los ciudadanos de a pie que han recibido el golpe.

Las compras de televisores, frigobares, rosas importadas, iPads, computadoras de más de diez mil dólares, en este contexto son, sin duda, irritantes. Pudieron haber retrocedido –de hecho lo hicieron con las computadoras–, o hacer propósito de enmienda prometiendo que en el futuro serán más cuidadosos con sus gastos, en línea con la austeridad reclamada por el gobierno. Y aguantar a pie firme las críticas, esperando que Paolo Guerrero, la selección y los conflictos sociales oculten sus desatinos.

Pero reaccionaron con brusquedad y grosería, sin recordar que existe una muy difundida animadversión a los políticos y en particular a los congresistas, que hace que informaciones como las mencionadas caigan en terreno abonado. Precisamente a eso hizo alusión también monseñor Barreto: “Prácticamente viven del Estado, no quieren soltar la ‘mamadera’, es algo incomprensible las decisiones que quieren tomar”.

Mucho más importante que las adquisiciones superfluas ha sido la negativa de la mayoría del Congreso a aprobar la ley que coloca a las cooperativas de ahorro y crédito bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ese sí es un problema muy grave, dado que se sabe que muchas de esas cooperativas son usadas para blanquear dinero del narcotráfico y el crimen organizado, como instrumentos de bandas delictivas como la de Rodolfo Orellana o como mecanismo para estafar a incautos.

En suma, muy rápidamente el Congreso, en particular la mayoría keikista, ha volatilizado la mejora de su imagen ante la opinión pública, que progresó considerablemente cuando cambió su actitud de cerrado enfrentamiento al gobierno de PPK por una de respaldo y apoyo al nuevo presidente Martín Vizcarra.

Incomprensiblemente, Keiko Fujimori defendió las impopulares adquisiciones del Congreso, habiendo podido guardar silencio. Y ha enmudecido ante un tema realmente significativo como el de las cooperativas. Los yerros del Congreso le van a costar a ella también.

El gobierno de Martín Vizcarra, que tiene como soporte principal a la mayoría keikista, queda también en una posición incómoda, tratando de no disgustar ni mortificar a nadie, pero sin despertar el entusiasmo de ninguno.