"¿Puede alguien entonces sentirse seguro de que si se lanza a revelar un negocio oscuro no se quedará en la calle?"  (Ilustración: Rolando Pinillos)
"¿Puede alguien entonces sentirse seguro de que si se lanza a revelar un negocio oscuro no se quedará en la calle?" (Ilustración: Rolando Pinillos)
Hugo Coya

Periodista

Los resultados son escalofriantes porque desenmascaran, una vez más, cuán enquistado está uno de los mayores males que asola al país y que evita avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más desarrollada con miras a la celebración del bicentenario de la independencia nacional y más allá de aquel acontecimiento patrio: la corrupción.

En medio de tantas teorías conspirativas que circulan por allí y un menú informativo tan abultado, resulta necesario aclarar que las fuentes de esta pesquisa no proceden de fiscales ni jueces. Tampoco de periodistas de investigación ni de personas a quienes se les pudiese achacar estar sedientas de sangre; menos de troles contratados, de aquellos que tendrían móviles políticos subalternos o de quienes atacan al contrario solo para esconder a los verdaderos responsables. Nada de eso.

Se trata de la prestigiosa Universidad del Pacífico que hace unos días divulgó el primer estudio realizado sobre el pago de sobornos en el Perú y América Latina, colocando en su verdadera perspectiva, su real dimensión, aquello que sospechábamos o teníamos evidencias concretas a partir de las revelaciones del Caso Lava Jato.

Es cierto, a lo largo de este último tiempo hemos sido testigos, con estupor, de las revelaciones de este escándalo y su efecto tan devastador como sorprendente sobre gran parte de la clase política peruana, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda que posaba de impoluta. La honestidad de muchos de sus líderes está en entredicho, haciendo que se instale entre nosotros, a la luz de aquello que nos vamos enterando, la desconfianza en todo nivel.

Como si fuera una serie por capítulos, la alambicada trama se revela poco a poco para desesperación de los implicados, de los personajes secundarios, de los villanos que se mantenían ocultos, de otros no tanto, de los tontos útiles, de los partícipes de intrigas de grueso calibre, haciéndonos conocer negociaciones debajo o encima de la mesa, y poniendo el dedo acusador sobre aquel elenco estable de la política peruana que podríamos llamar ‘los intocables’ porque siempre el largo brazo de la justicia parecía no ser tan largo para alcanzarlos.

La trama resulta tan desconcertante que no sabemos si, algún día, conoceremos la historia completa, haciendo imposible también avizorar el final.

Lo que sí podemos saber por ahora es la profundidad del agujero, al menos desde el sector empresarial, a decir del resultado de este trabajo publicado en el diario “Gestión” el miércoles pasado y realizado entre ejecutivos de 420 pequeñas, medianas y grandes empresas peruanas.

Por los resultados, podemos saber ahora que 69,5% de los encuestados admite que realiza pagos para agilizar trámites; 54% de ellos desconoce las iniciativas que existen para combatir la corrupción; solo 25,5% denuncia a las autoridades competentes los intentos o hechos vinculados con coimas que se presenten al interior de su propia empresa.

Pero no solo eso. Apenas un 33% asegura que nadie será trasladado a un cargo menor, penalizado o sujeto a consecuencias negativas si se rehúsa a pagar sobornos, mientras que un magro 39% promueve que los empleados contribuyan a la prevención del soborno como condición contractual para la vinculación laboral.

¿Puede alguien entonces sentirse seguro de que si se lanza a revelar un negocio oscuro no se quedará en la calle? ¿De que su superior o jefe, por el contrario, lo premiará, le dará un ascenso o algún tipo de reconocimiento? Peor aún, cuando sabemos que la economía se está enfriando y el empleo resulta en este momento un bien difícil de preservar.

En un innegable vínculo con lo que estamos viendo a diario con el Caso Lava Jato, la mayoría de los entrevistados, es decir, un 57,9%, considera a la construcción como el sector donde existen mayores posibilidades de obtener favores por medio de la entrega irregular de dinero. Nada de más, nada de menos.

Sin embargo, no existe verdad en la media verdad. Tampoco en utilizar resquicios verbales para no llamar las cosas por su nombre sin el riesgo de que pasen desapercibidos por completo o lo olvidemos.

Además del impresionante número que reconoce el pago para acelerar trámites, los encuestados apuntan a un segundo y no menos importante mecanismo para sobornar como lo son las contribuciones de carácter político. Un 63,6% lo señala y permite entender la orfandad que padecemos en este ámbito, así como la imperiosa necesidad de tomar medidas severas y urgentes para que no siga girando este círculo perverso.

Ninguna democracia que se precie de serlo puede sostenerse en base al pillaje, la picaresca, el embuste. Se necesita de una vez por todas airear a todos los corruptos y adoptar medidas para evitar que en el futuro se vuelva a caer en lo mismo. Este estudio es una radiografía en alta definición que refleja lo permeable que nos hemos vuelto ante la corrupción, pero también representa una posibilidad inmejorable para enmendar rumbos de manera definitiva por el bien del país y de las futuras generaciones.

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