Los costos y los “ahorros”, por Walter Albán

El 16 de junio del 2014, este mismo medio publicó un artículo de Gino Costa en el que textualmente se afirmaba: “Si Pro Inversión, a solicitud del INPE, está por concluir la licitación de una concesión que no le costará al Tesoro Público, a santo de qué Interior o la DINI compran bloqueadores, por cifras considerables, cuyo uso en el mejor de los casos, no excederá de unos meses”. Se refería a la compra de bloqueadores para los penales de Picsi en Chiclayo y El Milagro en Trujillo. Los hechos contestan hoy tal cuestionamiento. En mayo próximo se habrá cumplido un año desde que tales equipos fueron instalados y, hasta el momento, no se ha vuelto a colocar un solo bloqueador adicional.

El hecho de que un congresista, cuatro días después de la instalación, apareciera  hablando por celular desde un punto aislado del penal en Trujillo, distorsionó todo. Las autoridades sabíamos de los escasos “puntos de fuga” de señal en ese penal, en coincidencia con nuestro propósito de identificar las redes de sicariato y extorsión que operaban desde allí. En consecuencia, las suspicacias debieron ser orientadas en otra dirección. ¿A quién o a quiénes convenía que se “filtrara” la información de tales fugas, buscando desacreditar una adquisición que, a todas luces, resultaba urgente y necesaria?

Los hechos permiten hoy apreciar este asunto en su real dimensión. Algunos meses antes, en noviembre del 2013, recién asumido el cargo de ministro del Interior, me reuní en Trujillo con dirigentes de organizaciones civiles y autoridades locales y regionales. En aquella oportunidad, fue un clamor el pedido para una inmediata instalación de bloqueadores en El Milagro. Sobraban razones para coincidir con la demanda planteada, por lo que hice formal la promesa de coordinar con el Ministerio de Justicia y el INPE a fin de cumplir ese objetivo en el más breve plazo.

Es verdad, existía en curso en ese momento un proyecto con Pro Inversión por el que se tenía previsto que una empresa privada colocara, en 33 penales del país y sin ningún costo para el Estado, los esperados bloqueadores. El proyecto había programado instalar tales equipos en el lapso de dos años, contados desde el momento en que se otorgara la buena pro a la empresa ganadora. 

No me pareció entonces razonable, ni tampoco ahora, que una cuestión que demandaba tan urgente atención tuviera que sujetarse a plazos tan amplios. El proyecto con Pro Inversión se había iniciado en el 2012, y no se sabía cuándo culminaría. Tampoco resultaba sensato que un gobierno que hasta ese momento había invertido ya más de S/.600 millones en seguridad ciudadana tuviera que priorizar un ahorro, que no alcanzaba a los S/.15 millones, para los 33 penales.  

Primó la razón, y los entonces ministros, con el respaldo del señor presidente, encontramos la fórmula que permitió adelantar los bloqueadores en aquellas dos ciudades, que acusaban en ese momento los índices más graves de extorsión y sicariato. Se trató entonces no solamente de cumplir la palabra empeñada, sino de adoptar medidas oportunas que, en el marco de una labor cuidadosamente planificada, contribuyeron sin duda a reducir los márgenes de tan graves delitos.