El 9 de agosto, el presidente Martín Vizcarra entregó al titular del Congreso, Daniel Salaverry, los proyectos de ley sobre la reforma política y judicial que serían sometidos a referéndum. (Foto: Congreso)
El 9 de agosto, el presidente Martín Vizcarra entregó al titular del Congreso, Daniel Salaverry, los proyectos de ley sobre la reforma política y judicial que serían sometidos a referéndum. (Foto: Congreso)
Natalia Sobrevilla Perea

Hace exactamente un año el Perú estaba inmerso en una profunda crisis y ante un panorama incierto. El entonces presidente se enfrentaba a un proceso de vacancia en el y la confrontación entre dos de los poderes del Estado se encontraba en su punto más álgido, pero la crisis se intensificó cuando en víspera de Nochebuena, el entonces jefe de Estado indultó al ex presidente Alberto Fujimori. El rechazo generalizado fue inmediato y las reverberaciones de estas acciones se dejan sentir hasta el momento.

Se trata sin duda de la ley de consecuencias involuntarias. Descrita por el filósofo empirista inglés John Locke en una carta sobre lo que podía resultar de la implantación de ciertos impuestos, fue desarrollada luego por Adam Smith en su “Teoría sobre los sentimientos morales”, y analizada sistemáticamente en el siglo XX por Robert Merton. Entre las causas que llevan a esta ‘ley’, Merton encuentra: el análisis incompleto de la situación, pensar que lo que funcionó en el pasado funcionará en el futuro, así como privilegiar los intereses del momento ante los de largo plazo.

En esta crisis se vieron varios de estos elementos. Si bien Kuczynski buscaba dividir la bancada fujimorista cuya mayoría dificultaba su labor presidencial, su intención era fortalecerse; no terminar fuera del gobierno y con una orden de impedimento de salida del país. Privilegió los intereses del momento sobre los del largo plazo. Su interés en causar una fisura en el grupo parlamentario fujimorista no previó la reacción de sus contrincantes, que si bien se debilitaron y enfrentaron, como se había esperado, respondieron al ataque con una fuerza y virulencia tan grande que hicieron tambalear el sistema de tal forma que el presidente se vio obligado a renunciar ante la acusación de la compra de votos.

Lo que sucedió luego fue aun más difícil de imaginar, ya que todo hacía suponer que el nuevo presidente se vería en una situación de debilidad análoga a la de su predecesor. Pero en esta ocasión fue la bancada fujimorista la que actuó pensando que lo que había funcionado en el pasado funcionaría en el futuro y no se hicieron esperar las amenazas de tomar la vía judicial contra el nuevo mandatario. Esto sin tomar en cuenta que la situación judicial había variado de manera radical tras hacerse conocer la corrupción de los magistrados implicados con Los Cuellos Blancos del Puerto. Fue entonces que el presidente cambió el tenor del debate llamando a un referéndum que puso en jaque a la mayoría congresal, llamó a una reforma del sistema judicial y se convirtió en un plebiscito sobre su presidencia. De pronto, Vizcarra, que había llegado al poder sin el apoyo popular, se convirtió en el presidente con mayor respaldo en muchísimo tiempo.

De la crisis emergió una oportunidad y el 2018 termina con un panorama distinto al del año anterior, no ya de desesperanza ante un Congreso prepotente y un presidente a la deriva, sino con un jefe de Estado con estrategia y un Legislativo en modo reactivo. Quedan, sin embargo, interrogantes sobre cómo se llevarán a cabo las reformas propuestas por el Ejecutivo, aprobadas por la mayoría de los peruanos, y que deben ser puestas en práctica por un Congreso profundamente cuestionado, cada vez más fragmentado y cuyos miembros saben que no podrán postular a la reelección inmediata. No podemos prever las consecuencias de tener representantes que saben que su mandato será menor a tres años más, ni lo que sucederá en los procesos judiciales en curso, pero podemos tener la esperanza de que de una nueva crisis emerja también la oportunidad de fortalecer la democracia en el año que viene.