"Cuando la clase política y la justicia fallida le dan la espalda a la ciudadanía, le corresponde a esta reaccionar y presionar para que no nos roben la ilusión de vivir en un mundo más decente y solidario". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Cuando la clase política y la justicia fallida le dan la espalda a la ciudadanía, le corresponde a esta reaccionar y presionar para que no nos roben la ilusión de vivir en un mundo más decente y solidario". (Ilustración: Giovanni Tazza)
José Ugaz

Abogado

Cuando el estadounidense Alvin Toffler escribió “La tercera ola” (1979), describió el desarrollo de la humanidad a partir de la sociedad primitiva/civilizada y agrícola, pasando por la revolución industrial, hasta llegar a la sociedad de consumo con una estructura social caracterizada por la diversidad. Sin embargo, no anticipó el papel que iba a jugar un elemento muy tóxico que, aunque presente desde el origen de los tiempos, no se había disparado entonces hasta los niveles asfixiantes que hoy nos agobian: la gran .

La corrupción siempre estuvo allí, cotidiana, familiar y hasta graciosa, incluso muy extendida en regiones como la nuestra, en la que es culturalmente tolerada y donde la administración de la cosa pública ha llegado a caracterizarse por no mover sus engranajes sin el aceite de la propina o la ‘coimisión’. Pero como ocurre con las criaturas de nuestras peores pesadillas, el íncubo creció hasta irse de control, confabulando contra la estabilidad, profundizando la pobreza, incrementando la inequidad y atentando contra la democracia.

Debido a la conjunción de una serie de factores que pasaron desde la creación de instrumentos internacionales, el hartazgo social y el desarrollo de la comunicación global en tiempo real, hasta la aspiración de reducir la pobreza extrema, en los últimos 20 años hemos vivido una suerte de primavera anticorrupción en varios de los países de la región. Contradictoriamente, también ha sido un período de escándalos por tramas corruptas colosales (allí están los Panamá Papers y el para confirmarlo), pero es innegable que en varios de nuestros países se realizaron esfuerzos sin precedentes para al menos intentar interrumpir las rutinas de impunidad.

El llamado Caso Peruano, objeto de estudio en varias universidades del Primer Mundo, estrenó esta tendencia de confrontación a la gran corrupción. El proceso anticorrupción contra la red de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos involucró a miles de personas como investigados en cientos de procesos penales y permitió no solo condenar a todos los principales responsables, sino recuperar cientos de millones de dólares en un tiempo récord.

A partir del 2000, se perfilaron dos modelos anticorrupción: el llamado modelo peruano-brasileño y el guatemalteco. El primero se caracterizó por desarrollar un sistema de persecución penal a la corrupción a partir de las propias reservas morales de cada país, mientras el segundo consistió en una intervención internacional promovida por Naciones Unidas a través de la creación de una comisión internacional contra la impunidad (Cicig), una suerte de fiscalía supranacional que trabaja de la mano con la fiscalía local.

Ambos modelos produjeron resultados de alto impacto. Nunca antes se vio desfilar por el banquillo a agentes poderosos, públicos y privados, que por primera vez fueron obligados a rendir cuentas ante la justicia (no en vano hay 14 expresidentes latinoamericanos prófugos, presos o investigados). Mientras que en el y en Brasil presidentes, ministros y empresarios emblemáticos están procesados o condenados, en Guatemala, la Cicig logró reducir la impunidad a niveles razonables nunca antes vistos en ese país, tanto que hubo que crear cárceles-campamento para recluir a los cientos de corruptos de la élite política y empresarial que eran sentenciados.

Sin embargo, en los últimos meses estamos asistiendo a una ola o, más bien, a una contraola, que cual tsunami latinoamericano amenaza con arrasar lo avanzado. En Guatemala, el cómico llegado a presidente, Jimmy Morales, investigado junto a su hermano y su hijo por corrupción, ha expulsado al jefe colombiano de la Cicig, que dejará de operar el día de hoy al negarse a renovar su mandato. En Brasil, la elección de Jair Bolsonaro, el tránsito del juez Sergio Moro a la política y una reciente decisión de la Corte Suprema que absuelve al expresidente de Petrobras están poniendo en peligro los esfuerzos de la fuerza de tarea Lava Jato, ya minada por las filtraciones de algunos diálogos impropios sostenidos entre los fiscales y el exjuez. En Panamá, la Corte Suprema, en una semana, archivó los procesos Lava Jato por exceso de plazo y absolvió al expresidente Ricardo Martinelli, extraditado de los Estados Unidos, a pesar de la abundante prueba que obra en el expediente. En Argentina, el casi seguro regreso de Cristina Fernández de Kirchner huele a impunidad segura. Recién llegado al poder en México, AMLO anunció su política de borrón y cuenta nueva en materia de corrupción. En Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador y República Dominicana, la situación no es mejor. Y en nuestro país, los titánicos esfuerzos del equipo especial anticorrupción de la fiscalía se ven amenazados por una gavilla de fiscales supremos al acecho de una oportunidad para bajarle la llanta al proceso anticorrupción.

El péndulo se está inclinando para el lado oscuro. Dado el grave impacto que la gran corrupción genera en sociedades como la nuestra, afectando los derechos fundamentales de millones de peruanos –sobre todo de los más pobres–, no podemos darnos el lujo de asistir indiferentes a este desmontaje de un esfuerzo que resulta vital para nuestro futuro y sobrevivencia como países viables.

Cuando la clase política y la justicia fallida le dan la espalda a la ciudadanía, le corresponde a esta reaccionar y presionar para que no nos roben la ilusión de vivir en un mundo más decente y solidario.