Cuidado con la interpretación auténtica, por Fernando Tuesta Soldevilla

El 30 de setiembre se disolvió el Congreso de la República, y en el mismo decreto se convocaron elecciones parlamentarias para que se complete el mandato. ¿Por qué no presidenciales? Porque esta convocatoria nacía justamente de la disolución del Parlamento, como prerrogativa del presidente, luego de la negativa de la cuestión de confianza. ¿Por qué de esas elecciones no nace un Parlamento de un mandato de cinco años y se circunscribe al tiempo que falta para terminar el período iniciado en julio del 2016? Porque entre otras razones, desde 1920, las elecciones presidenciales y parlamentarias coinciden renovándose simultáneamente. De esta manera, el 2021 tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias nuevamente simultáneas.

Tanto las elecciones presidenciales como parlamentarias tienen reglas de juego con sistemas electorales propios y autónomos. Por ejemplo, en el primer caso, para ganar la presidencia, se requiere superar el 50% más un voto; de lo contrario, los dos candidatos con mayor número de votos compiten en una segunda vuelta. En el caso de las parlamentarias, son elegidos los congresistas en circunscripciones con voto preferencial doble opcional con asignación de escaños (bajo la modalidad de la cifra repartidora e ingreso a la repartición final de escaños) si se supera el umbral de representación o valla electoral.

En cada caso, existen efectos como resultado de dichas reglas de juego. Lo único que vincula a ambas elecciones es la simultaneidad que, a su vez, produce efectos en el resultado. Con mayor razón si la elección parlamentaria se realiza conjuntamente con la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, en los últimos días han estado apareciendo interpretaciones que afirman que para estas elecciones parlamentarias no perderían la inscripción los partidos que no superen el umbral o valla electoral. Según esta interpretación, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que para que un partido pierda la inscripción, una de las causales es no superar el 5% de los votos o no conseguir 7 congresistas en más de una circunscripción, pero por tratarse de una elección solo parlamentaria y no “general” este artículo no se aplica para el 2020. El argumento señala que como dicho artículo no dice nada sobre la realización de solo elecciones parlamentarias, se concluye que no se aplica la pérdida de la inscripción.

El umbral de representación o valla electoral es un mecanismo creado por los alemanes, aplicado en diversos países europeos como España, Rusia, Suecia, Holanda; y, en nuestra región, Argentina, Brasil y Colombia. Tiene como propósito reducir el número de partidos. Es decir, si no se consigue cumplir con el requisito de votos o escaños, ese partido no está en condiciones de representar. Por lo tanto, pierde el derecho de competir. Solo acceden los partidos que logran concentrar las preferencias mayores de la ciudadanía. Por eso el umbral siempre está asociado al acceso al Parlamento y a la mantención de la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

En concreto, los 24 partidos que están inscritos en el ROP, deben presentar candidaturas y, además, superar el umbral de representación para acceder al Congreso y mantener la inscripción. De no aplicarse esto último, tal como señala esta interpretación de la norma, para el 2021 se presentarían los mismos 24 partidos, con lo que el impacto del umbral, reducir el número de partidos, sería mediatizado.

El problema de este tipo de interpretación, aplaudida y apoyada por partidos que ven peligrar su existencia legal, es una lectura parcial y literal de la ley, limitándose a observar lo que señala una parte de la normatividad electoral. La lectura, y consecuentemente la interpretación, debe ser integral, sometiendo el razonamiento en la naturaleza y propósitos de los umbrales de representación o valla electoral. Solo así se entenderá que este mecanismo sirve para separar los partidos que existen de los superficiales. La paja del grano. Y, en el Perú, eso es reducir el peligro de los vientres de alquiler y la mercantilización de la política. Reducir el razonamiento a un formalismo semántico es no ver el bosque para chocarse con un árbol.