(Foto: Archivo El Comercio)
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Federico Salazar

Periodista

La Contraloría General de la República ha cometido un suicidio. Se ha expuesto como un órgano de control sin capacidad técnica. Su informe sobre el aeropuerto de Chinchero pone en evidencia su incapacidad, incluso, para informar con mínima coherencia.

La contraloría, además, actúa de manera opaca. Hasta el momento no ha publicado su informe completo sobre la adenda 1 de Chinchero. Ha adelantado, sin embargo, conclusiones y recomendaciones.

La contraloría recomienda regresar al contrato original “en salvaguarda de los intereses del Estado”. El contrato original es el que trajo todos los problemas.

El contrato original no fija límites a las tasas de interés, no fija fecha para el cierre financiero (o sea para empezar). Establece que el gobierno debe hacer un pago por adelanto de obra.

La contraloría, en su informe de abril del 2014, había advertido estos problemas del contrato. Sin embargo, no planteó acciones penales contra ningún funcionario del gobierno de Ollanta Humala. Esta concesión y este tipo de contrato se dio en ese gobierno.

La contraloría dice ahora que el Ministerio de Transportes no pudo acreditar al acreedor permitido del concesionario. Se trata de Goldman Sachs (GS), que no se acreditó justamente porque no se definían las condiciones financieras. No podía definirlas, porque el contrato original no establecía plazos ni topes.

El contrato no era claro sobre las tasas a aplicarse durante la etapa constructiva. No podía, por tanto, definir sus condiciones financieras, como es obvio. A pesar de las cartas de GS, la contraloría considera que no resultó ser un acreedor permitido.

La empresa concesionaria consiguió finalmente tasas y plazos. El Ministerio vio que esas tasas traían un costo exorbitante. El concesionario respetaba el contrato, pero el país pagaría casi 500 millones de dólares por costo financiero.

La contraloría exige que se regrese al contrato original. Cree que es mejor gastar esos 500 millones.

El gobierno actual propuso pagar por adelantado su obligación. Fue lo que se le ocurrió para evitar los costos financieros del horroroso contrato original.

Dice la contraloría que se ha favorecido al concesionario, pues los funcionarios “no velaron que se cumpla con el Contrato de Concesión”. Además de destruir el idioma, la contraloría invierte las cosas. Esos funcionarios nos están salvando de pagar aproximadamente 500 millones de dólares de costo financiero.

La contraloría dice que los funcionarios son responsables de no acreditar al acreedor permitido ni contar con una propuesta de financiamiento. ¡Pero si el contrato no fijaba fecha para el cierre financiero! Y el contrato, ¡se hizo en el gobierno anterior!

La contraloría concluye que la adenda 1 modificó las “condiciones de competencia” del concurso. Pretende decir que si los otros postores hubieran sabido de estas condiciones, habrían sido más competitivos. Eso es falso a todas luces.

El pago por adelanto de obra lo tiene que hacer el gobierno, no el postor. Es un problema para el gobierno, no para el postor. La situación del postor o del concesionario no cambia por la forma en que el gobierno encare su problema financiero.

Si la contraloría quiere acusar a los funcionarios que arreglaron el problema (y no a los que lo causaron), puede hacerlo, pero sobre bases sólidas. ¿Dónde está el beneficio para la empresa? ¿Dónde está el beneficio de los funcionarios?

Las adendas son sospechosas, especialmente a partir de Odebrecht. Hay que revisarlas, por supuesto. Negarle, sin embargo, la posibilidad al gobierno de corregir errores pasados por ese prejuicio es un exceso.
La adenda 1 de Chinchero debe prevalecer. Sobre el díscolo informe de contraloría y sobre las hesitaciones de un ex ministro, debe mantenerse la decisión, apoyada, como está, en la legalidad y en la solvencia técnica de los funcionarios.

No sé cuál sea el interés de arruinar el arreglo al contrato original al que apunta esta adenda. El gobierno debe defender sus fueros y a sus funcionarios. Debe defender Chinchero contra la ineptitud y la arbitrariedad.

Es eso o claudicar la función del gobierno en favor de los politiqueros.