En defensa propia, por Fernando Rospigliosi

Recientemente se han presentado dos proyectos de ley para incorporar a la legislación peruana la doctrina del castillo, de origen anglosajón, que considera la casa de una persona como su castillo, que puede ser defendida por cualquier medio sin incurrir en responsabilidad penal.

Por ejemplo, de acuerdo con esta doctrina, si varios individuos ingresan subrepticiamente durante la madrugada en una casa y el propietario los descubre y dispara con un arma de fuego hiriéndolos o matándolos, está exento de responsabilidad penal. Si resulta que después se revela que los delincuentes tenían armas de juguete y cuchillos es igual a que hubieran portado pistolas y fusiles. La víctima, el propietario, no tenía manera de saberlo.

El ciudadano, la víctima, tiene derecho a suponer que los delincuentes tienen malas intenciones, que van a causar daño –robar, violar y matar–, y que están armados. En medio de la incursión ilegal no puede preguntarles ingenuamente: “¿Señores delincuentes, ustedes tienen malas intenciones? ¿Están armados? ¿Con qué tipo de armas?”. Simplemente, si está en capacidad de hacerlo, responde a la agresión de la mejor manera posible para salvaguardar su integridad y la de su familia. Esta doctrina acaba de ser incorporada a la legislación italiana y rige en gran parte de Estados Unidos.

Lo que ocurre ahora en el Perú es que los jueces y fiscales tienen, en muchos casos, la tendencia a proteger a los delincuentes y sancionar a las víctimas cuando estas hacen uso de la legítima defensa, lo que se conoce como el ‘garantismo’ para los malhechores. Por eso es indispensable que se apruebe incorporar al Código Penal, fusionándolos, los proyectos que han presentado los congresistas Jorge del Castillo y Carlos Tubino que exime de cualquier responsabilidad a:

“El que actuando en legítima defensa, utiliza la fuerza u otros medios de defensa, y causa lesiones o muerte, en respuesta a la acción dolosa de la persona que sin derecho y autorización invade su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo”.

Otro tema vinculado a este es el de la proporcionalidad y la racionalidad. Antes, la legislación penal establecía absurdamente que la defensa ante una agresión debería ser proporcional. Es decir: si un asaltante ataca a una víctima con un cuchillo o un garrote, el asaltado tiene que defenderse con un cuchillo o un garrote. Si tiene un revólver y le dispara al ladrón y lo hiere o mata, la víctima va a la cárcel. Un disparate completo.

Cuando fui ministro del Interior promoví una modificación en el Código Penal, cambiando la proporcionalidad por la racionalidad. Finalmente el Congreso aprobó esa reforma en el 2003 (Ley N° 27936) señalando que está exento de responsabilidad penal el que usa la fuerza racionalmente para impedir o repeler una agresión, excluyendo explícitamente “el requisito de proporcionalidad de medios”.

Pero el nefasto gobierno de Ollanta Humala emitió una norma (Decreto Legislativo 1186, agosto de 2015) estableciendo la proporcionalidad para la Policía Nacional (artículo 4), reiterado y ampliado ese concepto en el reglamento de esa ley que expidieron el 27 de julio de 2016, el último día de su gobierno (artículos 6 y 11).

En eso se apoyaron los fiscales y jueces de Piura para encarcelar al policía Elvis Miranda cuando abatió, en una persecución, a un presunto delincuente. Ahora Miranda está en libertad, pero es posible que lo condenen al final del proceso.

Por último, es muy popular la falsa idea que difunden los desarmistas en el sentido de que un mayor número de armas legales en manos de civiles tiene como consecuencia el aumento de la violencia y los homicidios. Ese mito es desmentido siempre por la realidad. En Brasil, apenas se instaló en la presidencia en el 2003, Lula da Silva promulgó el Estatuto del Desarme prohibiendo completamente las armas de fuego legales en manos de civiles. Quince años después, el 2018, la tasa de homicidios había subido a un récord de 30 por cien mil habitantes. El gobierno actual ha dictado ya algunas iniciales medidas para revertir esa situación.

Por supuesto, no se trata de incentivar a los civiles a armarse para enfrentar a la delincuencia. La responsabilidad de la seguridad ciudadana es la tarea más básica del Estado y hay que exigirle al gobierno que cumpla con su función. Pero –sobre todo teniendo en cuenta la lenidad, indolencia e incompetencia de las autoridades en esta materia–, es perverso e inmoral pretender desarmar u obstaculizar el derecho de cualquier ciudadano que esté capacitado para ello, a adquirir un arma. O sea, desarmar a los civiles que legalmente aspiran a poseer un arma, mientras que los delincuentes que, naturalmente, no cumplen las leyes ni obtienen permisos legales, perpetran sus fechorías con toda impunidad.