Démosle una oportunidad a la reforma, por Fernando Tuesta Soldevilla*

Es necesario aclarar que no toda modificación de las normas relativas a la representación y al gobierno constituye una reforma política, a pesar de que toda reforma política exige una modificación de dichas normas. Esta, es un conjunto de modificaciones normativas que producen efectos significativos en las reglas de juego de la competencia política y entre las instituciones. Esta aclaración es pertinente en la medida en que está en discusión la forma en que se quiere encaminar la reforma política.

El informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política tenía como objetivo proponer normas para la mejora del desempeño de las instituciones, para así enfrentar los problemas de legitimidad y desafección ciudadana que afronta nuestra democracia.

Para ello, se partió de un diagnóstico centrado en cuatro grandes ejes de problemas: la existencia de partidos políticos y movimientos regionales precarios y poco representativos; de una política altamente vulnerable a prácticas de corrupción, con escasa rendición de cuentas; de una democracia con problemas de gobernabilidad y de control político; y de problemas referidos a diversas limitaciones a la participación electoral y política de los ciudadanos. Alrededor de esos cuatro ejes se plantearon diversas iniciativas de solución, expresadas en 12 proyectos de ley.

De esta manera, los proyectos de ley se organizaron con el propósito de tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y representativos, combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas; tener una democracia más gobernable y con mejor control político; y tener una mayor y mejor participación electoral y política de la ciudadanía.

Los otros proyectos de ley presentados sobre diversos temas –que además fueron considerados en el informe– tenían el propósito de enfrentar problemas puntuales. Es por eso que, una cosa es partir de un paquete –como el informe de la comisión– para generar una discusión, y otra alrededor de la secuencia de un Código Electoral, en donde sus partes no están organizadas con el propósito de una reforma. La reforma política no es la suma de sus partes (o normas), pues pierde las propiedades de relación y de visión integradora, por lo que llegar a buen puerto puede ser difícil y con un resultado insatisfactorio.

Pero, la forma cómo se enfrenta la reforma está condicionada por la voluntad política de los principales actores, en este caso, el Gobierno y el Parlamento. Pero la reforma política ha estado en medio de un fuego graneado del enfrentamiento entre los poderes del Estado. Esto crea enormes desconfianzas, que no desaparecen con invocaciones de uno u otro lado. El Gobierno, el Congreso y, dentro de este, los grupos parlamentarios, la presidencia de la Mesa Directiva y de la Comisión de Constitución se necesitan entre ellos, si realmente se quiere una reforma política. En concreto, solo un amplio acuerdo político puede permitir una reforma, pues, así como cada uno de estos actores tiene capacidad de llevar adelante un acuerdo, también tiene capacidad de bloqueo.

El informe es una base para la discusión y no está escrito sobre piedra. Pero las alternativas no pueden ser el statu quo que nos llevarán a más de lo mismo, ni propuestas que no signifiquen alteraciones sustantivas de las reglas de juego. Mientras esto no se produzca, ganará terreno el temor al cambio, alentado por opiniones antojadizas e irresponsables, como las observadas en esta semana, que buscan atemorizar a los grupos parlamentarios.
Si esto no se produce pronto, los plazos aplastarán hasta las mejores voluntades y volveremos, una vez más, a perder una oportunidad. La oportunidad de tener nuevas reglas para una democracia del bicentenario.

* El autor fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.