El empleo de Martín Vizcarra, por Fernando Rospigliosi

El ministro de Economía, David Tuesta, ha explicado su estrategia para mejorar la situación: reducir los gastos corrientes del Estado que han aumentado mucho en los últimos años y dinamizar la inversión pública, a la vez que frenar el incremento del déficit fiscal que está llegando a niveles peligrosos. Parecen ideas sensatas desde el punto de vista de la fría economía, pero puede ser muy peligroso políticamente.

Para reducir el gasto público el Gobierno planea cortar los consumos superfluos –casi siempre dicen eso los nuevos gobernantes y por lo general no se disminuye nada importante– y, según mis fuentes, despedir a empleados públicos.

Es muy fácil ahora para el Estado echar a la calle a muchos trabajadores, porque a diferencia del sector privado, que tiene numerosas restricciones debido a las incontables normas laborales, una muy alta proporción de empleados estatales son precarios, están contratados por orden de servicios o como CAS (Contrato Administrativo de Servicios). Esos contratos tienen vigencias muy cortas y se van renovando cada mes, cada dos meses, etc. Con no renovar los contratos a su vencimiento, se pueden despedir a miles de empleados estatales en muy poco tiempo.

De hecho, también según mis fuentes, ya los ministerios y dependencias estatales han recibido la instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), avalada por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, de recortar sus gastos en cierta proporción, lo cual implica empezar de inmediato los despidos. Y ese, al parecer, es solo el primer tijeretazo presupuestal. Después vendrían otros.

Para cumplir esas metas ya se han empezado a restringir las actividades del Estado –que no siempre son inútiles e irrelevantes, como piensan algunos– y se están haciendo las listas de despidos que empezarían a fines de abril y continuarían en los próximos meses.

La idea es que eso se compensaría con el aumento de la inversión pública que activaría la economía y crearía nuevos empleos. Pero hay dos problemas. Uno, que los despidos son inmediatos y, por tanto, esos trabajadores se quedan sin ingresos en ese instante. El incremento de la inversión pública siempre es lento, puede demorar muchos meses, y sus efectos sobre el empleo más tiempo todavía.

Dos, esta decisión se va a aplicar cuando el empleo está en su peor momento en los últimos años. Todas las cifras muestran que el empleo formal está disminuyendo al tiempo que el número de los que ingresan al mercado laboral va aumentando.

En Lima, “son 14 meses en los que el empleo formal observa una caída” y en el país cayó por octavo mes consecutivo. Los estimados son que en el mejor de los casos no crecerá más de 1% en el 2018 (“Gestión”, 9/4/18).

“El desempleo en Lima Metropolitana continúa avanzando. Durante el verano la tasa de desocupación alcanzó al 8,1% de la población, su nivel más alto en prácticamente seis años, según el último informe del INEI. Solo entre enero y marzo 19.800 personas pasaron a formar parte de las filas de desempleados, que en la capital ya suman 420.900” (RPP Noticias, 17/4/18). Y, como se sabe, mucho más alarmantes que las cifras de desempleo son las del subempleo.

El economista de la Universidad Católica Óscar Dancourt ha anotado lo excepcional de esta situación: “El empleo urbano formal (empresas de 10 y más trabajadores) ha caído continuamente durante todo el segundo semestre del 2017 y los dos primeros meses del 2018, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo. Una cosa similar solo ha ocurrido en las dos recesiones que hemos sufrido en los últimos 20 años, la de 2008-09 y la de 1998-2001” (blog Otra Mirada, 17/4/18). Lo insólito es que ahora no hay recesión, el PBI creció el año pasado 2,5% y lo que va de este año algo similar. Y sin embargo el empleo disminuye.

Es en esta situación que el recién inaugurado gobierno de Martín Vizcarra está preparando un despido significativo de trabajadores estatales. Quizás vistas las cosas desde los escritorios de los funcionarios del MEF esto tenga sentido –aunque hay economistas que creen que no–, pero desde el punto de vista político no cabe duda de que esto tendrá un efecto negativo para el nuevo y precario gobierno.

El período de gracia que usualmente tiene un nuevo presidente esta vez será más corto que lo usual, dado que el gobierno empezó hace veinte meses. Pero los despidos de estatales en estas circunstancias podrían tener como consecuencia que se volatilicen en pocas semanas la paciencia y las expectativas de los ciudadanos.