(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
José Ugaz

Abogado

Llegué a Caracas a las 3:30 a.m. El chofer que debía estar esperándome para llevarme al hotel no estaba. Luego de una prudencial espera decidí tomar un taxi. Ubiqué a un taxista y aprendí rápidamente que el viaje costaría 90.000 bolívares, que al cambio oficial son US$3,75. Si no tenía bolívares, podía pagar en dólares, me dijo, lo que me costaría US$30 (720.000 bolívares). Sin opción ni dólares en el bolsillo, acepté la propuesta y le pedí al taxista que me lleve a un cajero automático para sacar bolívares. El taxista se rio y me dijo que aun así tuviera la suerte de encontrar un cajero con dinero “pues el efectivo está escaso en el país”, estos solo dan un máximo de 6.000 bolívares, es decir 25 centavos de dólar. Intenté pedir auxilio por teléfono a mi contacto en Caracas pero no conseguí línea porque no existe el roaming en Venezuela. Cuando entre ansioso y confuso me aprestaba a acampar en el aeropuerto, se apareció el chofer disculpándose por la tardanza.

Esta simple anécdota fue el inicio de un impactante aprendizaje de dos días sobre la profundidad del drama que hoy vive el pueblo venezolano.

Luego de varias entrevistas con diversos actores (académicos, diputados, activistas anticorrupción y de derechos humanos, abogados defensores, entre otros), fui conociendo, estupefacto, las consecuencias de la revolución bolivariana emprendida por el fallecido ex presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor Nicolás Maduro.

En materia de seguridad ciudadana, Venezuela se ha convertido en el país con los más altos niveles de violencia en el mundo. A un año del gobierno de Chávez, en el 2003, los homicidios pasaron de 4.000 a 8.000. Hoy, 15 años después, en Venezuela se cometen 28.000 homicidios al año, lo que equivale a 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra sin parangón en el mundo (en el Perú ocurren 7,2 homicidios por cada 100.000 habitantes: 2.247 al año).

Este acelerado deterioro de la seguridad interna obedece a que, a poco de llegar al poder, el régimen desmanteló el sistema de seguridad pública por considerar que los delincuentes son víctimas del capitalismo populista y que usar a la policía para controlar la seguridad es una práctica de la derecha.

El desmontaje institucional ha llegado a tal extremo, que hoy asesinan a dos policías al día en Caracas. La policía es escasa (200% de déficit), mal pagada y carece de incentivos (un comisario con 20 años de experiencia gana un sueldo simbólico de US$15 al mes). Desde el 2015 se realizan las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), grandes redadas de limpieza social que han causado más de 550 muertos a la fecha.

El régimen ha creado el siniestro y todopoderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En sus mazmorras (El Helicoidal y La Tumba), al estilo Guantánamo, hay más de 300 presos políticos detenidos por años sin cargo alguno, sin juicio, sometidos a torturas y sin ningún tipo de control. Jueces y fiscales totalmente subordinados no tramitan hábeas corpus ni están autorizados a ingresar.

En materia económica, Venezuela importa el 90% de lo que necesita (compra entre US$35 mil millones y US$45 mil millones al año en alimentos). Tiene una deuda impagable con China (US$44 mil millones) y Rusia (US$20 mil millones). Se calcula que entre el 2002 y el 2015, se han desviado US$120.000 millones en corrupción.

El gobierno ha creado un sistema de cambio de divisas que genera grandes distorsiones y ha posibilitado incalculables fortunas corruptas con el abuso del tipo de cambio preferencial (10 vs. 24.000 bolívares por dólar).

Igualmente, le ha entregado la distribución de alimentos a los militares, lo que ha creado un inmenso mercado corrupto de especulación a través de los llamados ‘bachaqueros’ y la reventa de alimentos robados a los comités locales de abastecimiento popular (CLAP). La escasez de alimentos y medicinas ha creado una crisis humanitaria en el país. El 82% de la población vive en pobreza extrema y el 60% solo come dos veces al día. Hay 4 millones de venezolanos desnutridos (con devastadoras consecuencias para las generaciones futuras) y miles mueren por falta de atención médica adecuada.

En los últimos años, han emigrado más de 4 millones de personas sobre una población de 29 millones y 700.000 niños han desertado de la escuela.

Lo grave es que, en opinión de todos los entrevistados, no se trata de una revolución fallida ni de un régimen incompetente. Hay una red cívico-militar en el poder que deliberadamente ha desmontado la infraestructura productiva del país y creado mecanismos corruptos de control de alimentos, gasolina y divisas para generar un mercado negro en el que se han enriquecido fabulosamente. La utopía socialista ha sido enterrada bajo toneladas de corrupción.

Colofón: escribiendo esta nota en el avión, me buscó conversación un joven de 25 años sentado a mi lado. Es un venezolano que huye de su país hacia el Perú donde lo esperan sus hermanas, un cuñado y dos amigos que emigraron antes y hoy trabajan en diversos oficios. Se va porque quiere vivir y siente que le han robado el futuro.

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