(Ilustración: Raúl Rodriguez)
(Ilustración: Raúl Rodriguez)
José Ugaz

Abogado

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Es la democracia moderna más antigua del mundo, con 220 años de existencia. Ha logrado tales niveles de desarrollo que incluso se convirtió en un sueño, el “sueño americano”, al que aspiran propios y extraños. Sin embargo, Estados Unidos no ha podido resolver algunos aspectos básicos que aseguren la convivencia social y el bienestar de sus ciudadanos (lo que, por cierto, precede a su actual presidente).

Entre ellos, el de la segregación racial, que en los últimos tiempos se ha manifestado en una secuela de muertes de personas de raza negra en manos de policías blancos que ha llevado a la creación de un movimiento que se llama “Las vidas negras importan” (‘Black Lives Matter’).

Pero la situación es más compleja que eso. Según el analista Moisés Naím, quien califica a Estados Unidos como una “superpotencia desequilibrada”, es el país que más gasta en el mundo en salud: 17% de su PBI. Sin embargo, 27 millones de estadounidenses no tienen acceso al sistema de salud y un tercio de la población no se atiende con médicos. Durante la pandemia, el mundo ha sido testigo de cómo lidera, por lejos, la cantidad de contagiados y muertos en cifras totales.

Los ahorros de la mitad de estadounidenses no superan los 400 dólares. Y 54 millones de ciudadanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria; es decir, no pueden asegurarse tres comidas al día. Entre los países de la OCDE, es el noveno en comprensión de lectura en secundaria, el decimotercero en ciencias, y está por debajo del promedio en matemáticas. Además, la mortalidad entre los más pobres ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por estas cifras, podría parecer un país del tercer mundo cualquiera.

Pero el sistema de justicia norteamericano, a pesar de sus problemas –que los tiene–, es considerado como uno de los mejores del mundo. Ello, en buena parte, debido a la profesionalidad e independencia de sus jueces. En gran medida, gracias a una Corte Suprema que ha sido capaz de sentar precedentes en defensa de derechos ciudadanos fundamentales: garantías laborales, libertad de expresión, género, equidad, debido proceso legal, entre muchos otros. Por eso, es tan relevante la elección de los magistrados supremos, quienes una vez que acceden al cargo, permanecen en él de por vida.

La designación de jueces supremos en Estados Unidos empieza con la selección de los candidatos por el presidente de turno, y pasa por la ratificación del Senado a través de un proceso público (televisado) en el que los candidatos son examinados implacablemente. Este sistema, por lo general, ha asegurado magistrados de gran calidad y un balance razonable entre el número de jueces conservadores y liberales. Por eso, a la muerte o retiro de cada supremo, se crea una enorme expectativa por cómo variará la tendencia de la corte.

A raíz de la reciente muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en llegar a esa posición y una personalidad excepcional que destacó por su calidad profesional, dedicación al trabajo, dotes personales y un progresismo fuera de dudas, el presidente Trump ha decidido retar al sistema.

En su afán por asegurar una candidata conservadora que incline la balanza hacia su lado con miras a que, si pierde las elecciones, pueda apelar a la intervención de la corte, ha decidido acelerar el proceso. Incluso voces republicanas aconsejan que, a menos de un mes de elegir a un nuevo presidente, lo razonable es esperar el resultado de las elecciones para que sea el favorecido en las urnas quien proponga al reemplazante. Desoyendo a tirios y troyanos, Trump ya propuso a Amy Coney Barrett, una jueza conservadora que, de ser elegida, sería la tercera silla llenada por él en la Corte Suprema.

Otra vez, Estados Unidos se acerca a prácticas del tercer mundo. Claro, no tanto como Guatemala, donde un detenido, secretario privado del expresidente Colom y conocido operador político, Gustavo Alejos, negocia desde su centro de detención, con los candidatos a jueces supremos y de apelaciones, sus nombramientos. Esta situación ha generado una crisis de magnitudes telúricas en la que el Congreso y la Suprema han arremetido contra la Corte de Constitucionalidad por tratar de impedir tamaña corruptela.

El zarpazo político en el nombramiento de jueces siempre ha sido una tentación en el Perú, y muchas veces se ha concretado. Ahora, nuestros inefables padres de la patria están tratando –compitiendo con la carrera de Trump– de aprobar las reglas para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional en tiempo récord. Sin consultar a especialistas y dándonos a los ciudadanos un plazo de cinco días para opinar sobre un proyecto que, por cierto, viene preñado de falta de transparencia y equilibrio en las evaluaciones.

Aunque a veces la ciudadanía no aprecia el valor que tiene la justicia en la democracia, esta es vital para su sostenibilidad y eficiencia. Por eso, los corruptos siempre la quieren cooptar. Por la salud de la democracia, hay que tener mucho cuidado con la trampa de la justicia, a la que usualmente los políticos de baja estofa nos quieren someter. Si han esperado con parsimonia más de año y medio, ¿cuál es el repentino apuro, señores congresistas?

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